VENEZUELA

Libertad de expresión: 26 violaciones en septiembre, según Espacio Público

por Avatar Correo del Caroní

En Venezuela se registraron 26 violaciones a la libertad de expresión en septiembre, 75 menos que en agosto, cuando se documentaron 101, según datos difundidos el viernes por la ONG Espacio Público.

La ONG indicó que registraron siete actos de censura, seis de hostigamiento verbal, seis restricciones administrativas, cuatro de intimidación, dos hostigamientos judiciales y una amenaza.

“Entre las 17 víctimas, contabilizamos seis periodistas o reporteros, cuatro medios de comunicación y cuatro páginas o plataformas web”, añadió.

Libertad de expresión en Venezuela es vulnerada

La lorganización dijo que documentaron 16 victimarios, la mitad de ellos instituciones del Estado, así como dos funcionarios, dos operadoras privadas, un cuerpo de seguridad y un miembro del Poder Ejecutivo, que no precisó.

“Este patrón confirma que se mantiene la política oficial de ataques a la libre expresión y la inacción por parte de otros organismos estatales para evitar esta y otras violaciones a los derechos humanos”, indicó Espacio Público.

La ONG recordó que a principios de septiembre, el presidente Nicolás Maduro “hostigó” a los medios digitales nacionales Efecto CocuyoTalCual El Pitazo en su programa de televisión semanal.

“Maduro acusó a los tres medios de ser ‘fundados, financiados y mantenidos por la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)’ y de imponer ‘la manipulación en la red en el momento preciso’, haciendo mención a su cobertura de las protestas postelectorales y del apagón nacional del 30 de agosto”, dijo la ONG.

La organización documentó el anuncio de cierre de una emisora de radio en el estado Falcón (noroeste), por “órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”, tras 25 años de transmisiones.

El 26 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que un total de 405 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en las últimas dos décadas, como parte de una “política de Estado” contra “la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.