Miembros de ONG denunciaron este miércoles una escalada en Venezuela contra estos movimientos de la sociedad civil, tras la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, acusada de «terrorismo».
«¡Liberen a Rocío!», repetían los representantes de una decena de organizaciones congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.
«A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (…). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión», dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.
«Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito», recalcó Santacruz este miércoles durante un acto conjunto de representantes de organizaciones no gubernamentales en Caracas.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, en prisión preventiva. La fiscalía le imputó los delitos de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración» tras vincularla con un supuesto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
El gobierno, que denuncia planes conspirativos con frecuencia, describió el supuesto plan, denominado «Brazalete blanco», como una operación para atacar una base militar y posteriormente matar a Maduro.
La defensa de San Miguel, que en 2014 fue señalada por el propio Maduro de participar en un «alzamiento militar», denunció que se trata de una «desaparición forzada», que se trasladó a cinco familiares, incluidos dos hermanos, su hija y el padre de la joven, que fueron excarcelados con libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, también fue arrestado por la «presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares».
«Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados y actos terroristas», declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que cifra en 263 los presos políticos.
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