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Golpes con bates, descargas eléctricas y agresiones sexuales: la ONU documenta más torturas en Venezuela

Las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado y las secuelas físicas y mentales siguen afectándoles gravemente, resalta la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. Los expertos expresaron preocupación por la falta de acceso a información sobre los casos posteriores al 28 de julio de 2024 y sugirieron que muchos no han sido reportados por miedo
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La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela reveló nuevos casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El informe publicado este martes indica que la misión acreditó al menos siete casos de tortura cometidos antes del 28 de julio de 2024, y sigue recibiendo denuncias de otros casos que todavía no se han investigado a fondo por temor a represalias.

Golpes con bates, asfixia y descargas eléctricas

Detalla que los métodos de tortura incluyen golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma, puñetazos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación del sueño mediante luces intensas o música a alto volumen.

Estos métodos coinciden con los utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, ya documentados en informes previos.

El caso de John Álvarez

Uno de los casos más destacados es el de John Álvarez, líder juvenil del partido político Bandera Roja, a quien detuvieron en Caracas el 30 de agosto de 2023.

Álvarez sufrió tortura física y sexual, recibió golpes y descargas eléctricas en los genitales para forzarlo a incriminar a líderes sindicales, políticos y periodistas en actos ilegales. Como consecuencia, Álvarez enfrenta secuelas físicas graves.

El informe también señala que en otros nueve casos investigados, las autoridades emplearon coerción e intimidación, obligando a los detenidos a grabar videos autoincriminatorios o incriminando a terceros. Usaron además amenazas contra sus familias.

Estas prácticas, sin la presencia de un abogado defensor, son violaciones graves al derecho de no autoincriminación, y en algunos casos podrían constituir actos de tortura, destaca la misión de la ONU.

Falta de información sobre casos recientes

Los expertos expresaron preocupación por la falta de acceso a información sobre los casos posteriores al 28 de julio de 2024 y sugirieron que muchos no han sido reportados por miedo. También señaló que en fases anteriores de protestas la mayoría de los actos de tortura ocurrieron en las horas o días inmediatamente posteriores a las detenciones.

El informe resalta finalmente que las víctimas de tortura no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado venezolano y que las secuelas físicas y mentales siguen afectándoles gravemente.

«Ninguna institución estatal está llevando a cabo programas de atención y apoyo para estas víctimas», subraya la misión.

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