En 2017, pese al crudo lenguaje de la vocería bolivariana contra el imperialismo yanqui y su salvaje capitalismo neoliberal, Estados Unidos seguía siendo el principal socio comercial, por encima de Rusia y China, que solo aventajaban a los estadounidenses en la superioridad del monto de la deuda que Nicolás Maduro y Hugo Chávez contrajeron con ellos.
Entonces, pese a los ingentes recursos obtenidos con los altos precios petroleros, la deuda externa total de Venezuela ascendía a 141.000 millones de dólares. Debía 27.000 millones de dólares a la banca privada internacional, 28.000 millones de dólares a organismos multilaterales –como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– y 6.000 millones de dólares a Estados Unidos. El resto eran compromisos adquiridos con China y Rusia. Acuerdos de préstamo y financiamiento que Venezuela pagaba con petróleo y oro. No había sanciones flotantes ni prohibiciones.
Entre 2014 y 2017, Rusia la proporcionó al régimen de Maduro 10.000 millones de dólares en asistencia financiera. En 2016, la petrolera rusa Rosneft adquirió –a través del descuento de 1.500 millones de dólares de la deuda con Moscú– 49,9% de Citgo, la filial petrolera de Pdvsa en Estados Unidos. Una verdadera ganga y un enroque estratégico con impacto geopolítico. Al hacerse con la totalidad de las acciones, entraba a competir directamente en el mercado estadounidense, no solo como proveedor.
Asamblea Constituyente obrera vs Asamblea Nacional
A finales de julio de 2017, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la Oficina de Control de Activos Extranjero. Pocos días antes había sido elegida la segunda Asamblea Nacional Constituyente en menos de dos década. El PSUV la presentaba como una asamblea obrera, pero claramente se trataba de anular la Asamblea Nacional elegida en 2015, en la cual la oposición era mayoría pese a manipulaciones e intervenciones de Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Electoral.
Las sanciones ordenadas por la Casa Blanca estaban dirigidas al ciudadano Nicolás Maduro y a otros 16 funcionarios, no al Estado venezolano ni al país llamado Venezuela. Se les sancionaba por su intención de destruir el orden constitucional y democrático a través de una írrita Asamblea Constituyente. Donald Trump había dicho que Estados Unidos “no ignorará los esfuerzos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley y estará al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de restaurar una democracia plena y próspera”.
A 13 altos funcionarios o socios del régimen castrochavista les retiró la visa, les congeló los activos en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con ellos. No dictó un bloqueo de puertos ni la congelación de las cuentas de la República. Continuaba la política que comenzó a aplicarse en 2006, y con los mismos guantes de seda. No causaban la hambruna, ni aumentaban el desempleo ni la hiperinflación, cuyas causas estaban en Miraflores y la multiplicidad de motores que Maduro anunciaba periódicamente para propulsar la economía y hacer de Venezuela un país potencia y que nunca arrancaron.
El 25 de agosto de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual imponía sanciones financieras al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Las medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa. Igualmente, la negociación de ciertos bonos en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
La Casa Blanca manifestó que «la dictadura de Maduro seguía privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión». Con sus propias restricciones monetarias, solo el gobierno podía importar alimentos y medicinas. Los alimentos a través de la red de corrupción que montó Saab y las medicinas a través de una triangulación que manejaba Cuba con laboratorios de la India.
Estados Unidos respondía cautelosamente a la decisión de instalar una Asamblea Constituyente ilegítima que «representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela» y restringir el acceso de Venezuela al mercado de deuda estadounidense.
«Las medidas están cuidadosamente calibradas para privar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo, proteger al sistema financiero de Estados Unidos y evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población; pero se permitirá la asistencia con fines humanitarios», manifestó la Casa Blanca en un comunicado.
La respuesta de Maduro fue ordenar al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Constituyente enjuiciar por «traición a la patria» a los venezolanos que se manifiesten a favor de las sanciones económicas como las impuestas por Trump.
«No son sanciones contra individuos, son contra la economía y contra el pueblo venezolano. Tomaremos las medidas a nuestro alcance para evitar que afecten a los venezolanos», mintió el canciller Jorge Arreaza luego de reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York, que no declaró al respecto.
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El “Estado comunal” y la Venezuela potencia
En 2015, en momentos en que la economía era un submarino hundido, la idea más reactivadora de la producción y el comercio de Maduro fue el establecimiento del Estado comunal y la generalización del trueque como sistema de comercio. Las cifras eran desconsoladoras. Venezuela era el país con peores resultados económicos. La contracción fue de 5,7% y la inflación se triplicó: 180,9%, la más alta del mundo, al igual que la tasa de homicidios.
La solución de Maduro fue una devaluación de 37% y el primer aumento en veinte años del precio de la gasolina. El PIB del sector petrolero decreció 0,9% y la economía petrolera se desplomó 5,6%. Solo la administración pública, la burocracia, se expandió. Aumentó 1,1%, indica un informe del BCV. El ente emisor no habla de bloqueo, solo de escasez de productos, de especulación y acaparamiento. Pero sin índices, los dejó de publicar en 2013. Mientras las colas crecen fuera de supermercados y farmacias, Maduro mantiene el control de los dólares y solo el gobierno puede importar.
En marzo de 2015, el presidente Barack Obama declara a Venezuela una «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», pero no pasó de ser una formalidad. Por ley estaba obligado a declarar” una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior que representa la situación en Venezuela”, para poder sancionar a militares. Visto en los términos taxativos eras razonable que se temiera una declaración de guerra o la autorización de una invasión como las de Santo Domingo o Panamá. Fue mucho menos que el parto de los montes.
Se limitó a sancionar a siete funcionarios señalados de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Casi todos policías y militares de los organismos de seguridad del Estado responsables de la salvaje y criminal represión de las protestas antigubernamentales ocurridas un año antes y que dejaron 43 muertos y más de 3.000 detenidos,
«Estamos comprometidos en hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE UU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela», reiteró la declaración de Washington.
Muñeco del presidente estadounidense Barack Obama es quemado durante la «Quema de Judas», una celebración celebrada en Semana Santa, en El Valle en Caracas el 5 de abril de 2015. Foto: FEDERICO PARRA/ AFP
Los siete funcionarios venezolanos sancionados por Obama
- Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana.
- Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31 Brigada Blindada de Caracas y director del SEBIN entre enero y febrero de 2014. Bernal Martínez fue destituido por Maduro después de las muertes en las protestas del 12F de Venezuela en las que participaron agentes del Sebin
- Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central de las Fuerzas Armadas.
- Katherine Nayarith Haringhton Padrón, la única mujer y única no militar. Como fiscal del Ministerio Público acusó a María Corina Machado y a Antonio Ledezma Díaz de los delitos de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato y golpes de Estado. Un montaje.
- Justo José Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional durante las protestas del 12 de febrero de 2014. Era responsable del esclarecer la muerte de Geraldine Moreno, asesinada por un guardia nacional le disparó una carga de perdigones en el rostro cuando protestaba en Valencia.
- Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de las Fuerzas Armadas y excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes.
El imperio los sanciona, Maduro los premia
La respuesta de Maduro a «las aberrantes e ilegales medidas de Obama» fue felicitar a los sancionados. «Han recibido una verdadera ‘condecoración imperial’ y he decidido ascenderlos», dijo. A Gustavo González López lo nombró ministro del Interior Justicia y Paz; a Katherine Harrington la encargó del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal; y al general Manuel Pérez Urdaneta lo designó viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Su intención, dijo, era demostrarle al mundo «que aquí están profesionales venezolanos –padres, madres de familia–, gente que asume la patria como una pasión, y que no hay amenazas del imperio que detengan a nuestra juventud, a nuestros profesionales y a nuestra patria”. Las sanciones eran una honra. Después lo pensó mejor y comenzó una campaña publicitaria en la que pregonaba que sus funcionarios «no eran una amenaza sino una esperanza».
En su discurso en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2017 en Nueva York, Nicolás Maduro rechaza que Venezuela sea una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región. «Somos un ejemplo de democracia, justicia social y solidaridad», añadió y pronunció en su inglés macarrónico: «We are not a threat, we are hope».
Estados Unidos sancionó hasta 2016 una veintena de funcionarios cercanos a Maduro y a personas relacionadas con terrorismo, tráfico de drogas, violación de derechos humanos, corrupción y tráfico de personas. No hubo restricciones comerciales ni medida alguna que afectara al resto de los venezolanos, que seguían a la intemperie y aguantando las embestidas del huracán Nicolás.
Al año siguiente las sanciones fueron más estrictas, pero siempre dirigidas a funcionarios o relacionados con las malas prácticas del socialismo del siglo XXI. Ya Venezuela era un campo petrolero en ruinas, Pdvsa un cascarón agujereado por las deudas y como contrapartida se había decretado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Se apelaba al saqueo de oro, diamantes minerales estratégicos para compensar el desplome de Pdvsa. No se tomaron en cuenta los impactos ambientales irreversibles, la contaminación de mercurio y la desforestación salvaje de un bosque muy vulnerable e imprescindible para la obtención de agua.
Vista de la entrada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Caracas. Foto: Miguel ZAMBRANO / AFP
La paz, escasa como la comida y peligrosa como la guerra
La segunda década del siglo XXI no fueron años de paz. Los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONG Foro Penal indican que 163 personas murieron –la mayoría con disparos en la cabeza– en las protestas pacíficas salvajemente reprimidas en 2017 por las fuerzas de seguridad del gobierno y los grupos parapoliciales denominados “colectivos”. Sin embargo, los expertos sugieren que la cifra real sería más alta. Solo entre el 1 de abril y el 31 de julio hubo 6.729 manifestaciones.
Las manifestaciones tenían una sola razón: el colapso del país. La gente pedía pan, electricidad, gas doméstico, agua potable, medicinas y servicio de transporte. Los venezolanos volvieron a la leña para cocinar, y no por moda ni consecuencia de las sanciones a los funcionarios, sino por la incompetencia de los gobernantes.
89% de las protestas exigían derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 11% derechos civiles y políticos. Cada día eran más las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua. Ausente en innumerables comunidades por roturas de tuberías problemas con el bombeo. La electricidad era otra calamidad. Hasta una semana podía quedar sin luz una ciudad como Maracaibo o una zona de Caracas.
La comunidad internacional progresista no mostró su solidaridad y comprensión con el sufrimiento del pueblo venezolano. En ningún momento los altoparlantes de Maduro en la aldea global vincularon las sanciones, la restricción de visas de altos funcionarios, con la escasez de medicinas o de material quirúrgico, ni la había. Mucho menos se escandalizó de los 15.000 heridos ni de los 3.000 detenidos. Era tan “normal” que hubiese 431 presos políticos en las mazmorras de los cuerpos de seguridad como que la inflación proyectada para 2018 superara el 1.00.000% y que más 3 millones de venezolanos emigraran.
Aunque desde 2017 al propio Maduro y a sus ministros Vladimir Padrino López, Delcy Eloína Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez les suspendieron la visa y les congelaban los bienes en territorio estadounidense, Maduro siguió minimizando la importancia y efectividad de las sanciones internacionales. Las calificaba de «injerencistas», «inútiles» e «injustas» y de ser parte de una campaña internacional para derrocar su gobierno «que solo afectaban al pueblo venezolano».
Todavía no había descubierto que las sanciones eran coartadas perfectas para achacarles la responsabilidad todos los males existentes en Venezuela. El guion cubano del bloqueo. Entre 1995 y 2021, la exportaciones de Estados Unidos a Cuba han tenido un incremento a una tasa anualizada de 25,0%. Pasaron de 934.000 dólares a 309 millones de dólares. Cuba incrementó sus exportaciones 5,9% anual, se incrementaron de 652.000 dólares en 1999 a 2,9 millones en 2021. Pero no para de quejarse del bloqueo imperialista y de culparlo de todos sus males.
En agosto de 2018, extrañamente, Maduro admitió que las sanciones estaban afectando la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y para importar alimentos y medicinas. La OFAC siguió en sus trece. Amplió en septiembre la lista de venezolanos con prohibición de entrada a territorio estadounidense y con quienes no podían hacer negocios los residentes en Estados Unidos. Incluyó a Cilia Adela Flores de Maduro, Tareck el Aissami, Diosdado Cabello Rondón y el testaferro Rafael Sarria, a quien le decomisaron un avión de 20 millones de dólares.
La crisis que comenzó con Chávez se expandió en el mandato de Maduro y es la más drástica en la historia de América. Hasta 2019 era considerada la novena más fuerte a nivel mundial en los últimos setenta años. La explosión de la crisis (en el primer trimestre de 2014) es muy anterior a las primeras sanciones financieras de agosto de 2017 y a las sanciones económicas y petroleras de: noviembre de 2018. Por ende, las sanciones son posteriores a la crisis y solo agudizan, inexorablemente, un ciclo económico con una muy marcada tendencia recesiva. Sin embargo, Maduro comenzó a responsabilizarlas del derrumbe de la economía y de todos los males que padecían los venezolanos en el «mar de la felicidad» que prometió Chávez en 1998.
El bully del hemisferio: Obama
El elogiado Barack Obama –que no solo restableció con Cuba, sino que también se atrevió a viajar a La Habana–, tan pronto como declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional estadounidense para poder sancionar a oficiales de las FANB. Maduro volteó la tortilla y se invistió como la víctima del grande que le pega al pequeño. Pero no por mucho tiempo.
David A. Smilde, catedrático de Sociología de la Universidad de Tulane, avizoró que Maduro le sacaría mucho provecho al resbalón de Obama. Trató, al menos. Maduro se presentó a la Asamblea Nacional, controlada por el socialismo, y le otorgaron poderes especiales para gobernar por decreto ante la disposición de Estados Unidos de atacar a Venezuela. «Washington está preparando una invasión y un bloqueo naval a Venezuela. Nosotros queremos la paz», dijo.
Ante el carácter que tomaron los acontecimientos y antes de que la impasible comunidad internacional se soltara de los brazos de Morfeo, Washington se esmeró en explicar que «declarar a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional era básicamente una formalidad requerida por la ley para aplicar las sancione, al igual que la declaración adicional de que esa amenaza constituía una emergencia nacional para Estados Unidos.
La oposición, en cambio, no averiguó y se fue de bruces. La Unidad Democrática, que no quería aparecer como pitiyanqui, se distanció de la acción estadounidense y expresó su reprobación a las “sanciones unilaterales”. Cuba, obvio, reafirmó su apoyo incondicional ante las sanciones arbitrarias y agresivas.
Por supuesto, a partir de ahora era menos probable que los países se sumaran a las débiles políticas hemisféricas dirigidas a que se investigue la situación de los derechos humanos y el modelo de gobernanza en Venezuela. El propio Obama se había opuesto antes a los esfuerzos del Capitolio para aplicarle sanciones a Venezuela. Sancionar a los siete militares fue la forma de morigerar las reacciones contra las violaciones de derechos humanos en 2014.
Maduro empezó a quitarle importancia a las sanciones individuales hasta que encontró el respaldo de la adormilada comunidad internacional que empezaba a gruñir su odio visceral contra Trump, por actuaciones muy distintas a las sanciones.
La propia data manejada por el oficialismo indica que las sanciones no acabaron con la economía de Venezuela ni son el origen de las penurias que ha padecido su población en los últimos 10 años por la escasez de alimentos y medicamentos, inflación, fallas de servicios, caída del poder adquisitivo. El abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández niega que las restricciones derivadas de las sanciones sean la causa. «El colapso antecede a las sanciones contra Pdvsa y la negociación de la deuda externa de la República. Las sanciones no son contra Venezuela, el sector privado venezolano no ha sido afectado”, subrayó.
Elliott Abrams y James Story. Foto: SAUL LOEB / AFP
Una oleada de sanciones falsas y unas pocas verdaderas
El desconocimiento de las sanciones y su alcance en grandes sectores de la población ha dado vía libre a la narrativa del castrochavismo. En un país sin libertad de expresión y con los grandes medios y redes sociales al servicio del régimen obviamente proliferan las leyendas y mitos sobre las sanciones. Así las falsas, las inventadas por el régimen, sextuplican las reales.
Los funcionarios, políticos y el ejército de publicista que sirven al chavismo han impuesto machaconamente que las sanciones son la causa todos los males de Venezuela. La realidad, con la verdad en la mano, puede ser todo lo contrario. Han impedido un mayor saqueo del país, que ha sido muy grande desde que el MVR, después PSUV, controla el país. Lo que hace es peor que un saqueo.
Las campañas se han dirigido a convencer a la población de que las sanciones han impedido la compra medicinas y tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas o terminales, alimentos, combustibles, repuestos de automóviles y maquinarias. En la campaña “Los crímenes del bloqueo» afirman sin fundamento alguno que entre 2017 y 2018 habrían muerto 40.000 personas, que 80.000 pacientes de VIH se quedaron sin tratamiento retroviral, 16.000 enfermos renales no pudieron recibir la diálisis y 4 millones de hipertensos o diabéticos no tenían acceso a sus medicamentos. Falso de toda falsedad. Seguramente las cifras son mucho peores, pero no por las sanciones sino porque el gobierno no permitía la importación de medicinas y alimentos. No vendía dólares a las empresas ni les permitían endeudarse.
En 2019, el poderoso embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, intentó «neutralizar» las manipulaciones del régimen de Maduro. En un mensaje en su cuenta de Twitter en mayo de 2019 compartió con sus seguidores que las sanciones impuestas permiten a las instituciones venezolanas la compra de medicinas, equipos y alimentos. «“¡Basta de excusas! Es la corrupción y el robo sistemático de recursos del Estado la causa de que los venezolanos sufran tanta miseria!”, insistió.
Por supuesto, un mensaje en Twitter no cambia el rumbo de un gobierno democrático, mucho menos la reingeniería en marcha del socialismo. Sin embargo, las sanciones aplicadas a individuales han evitado u obstaculizado el saqueo.
El abogado Zair Mundaray, especialista en derecho penal y criminalística, destaca el componente ético de las sanciones estadounidense: «Han cerrado la posibilidad de que una persona involucrada en hechos de corrupción y lavado de dinero pueda tener una vida económica normal y de disfrute en cualquier país. Las sanciones individuales no han evitado completamente que quienes han saqueado los bienes públicos consigan legalizar el dinero extraído ilegalmente, pero los han frenado con barreras que les dificulta justificar las desmedidas cantidades de dinero cuando realizan operaciones en el exterior. Se vieron obligados a invertirlos en el país y generaron una efímera burbuja que se mostró como símbolo de que Venezuela se arregló».
No podían mover el dinero tan fácilmente y aumentaron compras de casas y vehículos de lujo. Ya no podían adquirir en Brickell un apartamento con vista al mar, un chalet en los Alpes suizos o un apartamento en los Campos Elíseos. Tampoco podían invertir en Nueva York y en la Unión Europea. Las opciones se limitaban a las naciones aliadas: Cuba, Nicaragua, Argentina, Zimbabue, Siria, Irán, Turquía, Corea del Norte, China y Rusia.
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