Activistas venezolanos asistieron a la 23ª Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, en La Haya, donde exigieron que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) actúe «sin dilaciones» ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.
«Estamos aquí porque la causa Venezuela I debe avanzar. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía chavista no pueden quedar impunes. Las pruebas son claras, contundentes y se siguen acumulando. No podemos permitir más dilaciones. Las víctimas y sus familias merecen justicia. Y no descansaremos hasta que los responsables sean llamados a indagatoria y se emitan las órdenes de captura que el mundo está esperando», afirmó Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, sostuvo que «es evidente que la justicia no puede seguir postergándose».
«Tal como ocurrió en Argentina con la causa basada en el principio de jurisdicción universal, es hora de que la Corte Penal Internacional actúe. Hay suficientes evidencias para proceder. La legalidad internacional debe prevalecer y garantizar que estos crímenes no queden en el olvido. Estamos aquí para insistir en que se haga justicia y para apoyar a las víctimas en este proceso», expresó Farini Duggan.
Víctor Navarro, de la ONG Voces de la Memoria, afirmó que el mensaje de la comunidad internacional debe ser claro: «Ya basta de que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ya basta de que Maduro siga subestimando a las víctimas y a los defensores de derechos humanos. Ya basta de persecución política. Aquí vamos a estar hasta que se emitan las órdenes de captura, hasta que cierren todos los centros de tortura, hasta que liberen a todos los presos políticos y hasta que Venezuela sea libre».
Los activistas participaron en un evento simultáneo con la Asamblea de Estados Parte, al que también asistieron Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina Independiente para la Defensa de las Víctimas de la CPI; Joanna Frivet y Santiago Cantón, del Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre crímenes de lesa humanidad; Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, y Santiago Rocha, hijo del abogado y preso político Perkins Rocha, quienes expusieron las graves violaciones de los derechos humanos que se registran en Venezuela.