«¿Cómo voy a llorar por algo que mi hijo no hizo? Mi hijo es inocente», afirma la madre de un preso político detenido en el contexto de las protestas poselectorales en Venezuela. La mujer, cuyo hijo de 31 años de edad sigue detenido desde agosto, no quiere ser identificada en los medios de comunicación por miedo a represalias. Pudo ver a su hijo hace poco, le comenta con sonrisa triste a otra de las madres. Está un poco aliviada porque le aceptaron algunos de los medicamentos que le llevó: su hijo está desarrollando una enfermedad en la piel por las condiciones insalubres en la que permanece retenido, una de las denuncias más frecuentes tras las detenciones masivas en el país desde las elecciones el 28 de julio.
La mujer no da detalles de su caso, tampoco menciona su nombre o el de su hijo o el lugar donde está detenido. Tiene miedo, emoción que se mantiene latente en familiares con presos políticos. La cautela y la prudencia rige sus acciones: van en grupo a las concentraciones, no se dejan fotografiar por los medios de comunicación o se cuidan de que funcionarios las identifiquen. Otros, en cambio, no temen denunciar lo que sucede. Tener a un hijo, sobrino o esposo detenido es algo terrible y ya lo están viviendo.
Con o sin miedo, los familiares se han organizado para apoyarse entre sí. Por medio de grupos de WhatsApp intercambian información, planifican para protestar y hasta imprimen camisas con la foto de sus detenidos para exigir que los liberen. Muchos han denunciado que sus familiares han bajado de peso por la falta de alimentos en los centros de detención. En las cárceles no les reciben la comida que llevan con mucho sacrificio, así que sus parientes no comen ni beben suficiente agua. Tampoco tienen acceso al agua para asearse e incluso comparten una botella de un litro entre varios reclusos,
Únicamente las mujeres con un vínculo directo con el recluso, como madres, abuelas, tías o esposas, tienen permitido las visitas, que se realizan aproximadamente cada 15 días. Estas visitas solo duran 10 minutos, como sucede en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. En algunos sitios, como El Rodeo 1, en el municipio Zamora, cerca de Guatire, la visita dura 25 minutos como máximo y solo si no se habla de asuntos que los custodios consideren prohibidos, como el estado en que se encuentran los detenidos. Cada vez que termina la visita, los familiares se sienten tan presos e impotentes como quienes quedan detrás de las rejas.
Este 18 de octubre un grupo de familiares se organizó para congregarse frente al Ministerio del Servicio Penitenciario, en Las Mercedes. Muchos no acudieron por miedo, otros se negaban a hablar o declarar. El propósito de la manifestación fue hacerle llegar al ministro Julio García Zerpa, designado por Nicolás Maduro en julio, una lista con sus peticiones. Con ello procuran mejorar las condiciones en las que están los detenidos, así como exigir que se respeten sus derechos humanos.
Solicitan que a los reclusos les permitan recibir paquetería con comida, agua potable e insumos médicos y que se permitan visitas más frecuentes y prolongadas. Entre las solicitudes figuran también actividades culturales o deportivas en los centros de reclusión, acceso al agua potable, revisiones médicas por profesionales de la salud y que a los detenidos se les permita salir al patio para tomar el sol diariamente, puesto que muchos de ellos han denunciado que los sacan al patio solo por 6 minutos cada 15 días.
Son inocentes, no son terroristas
Pasadas las 11:00 de la mañana, familiares llegan a las afueras del ministerio. Lo hacen juntos, vestidos de blanco, con la bandera de Venezuela como capa o con franelas que lucen el rostro de su preso político. La llegada se da acompañada de un cántico que entonan con fuerza: «Son inocentes, no son terroristas». La mayoría lleva carteles con el nombre de los detenidos, distribuidos sin orden alguno para que no se sepa en realidad de qué preso político son familiar. Así evitarán represalias. Algunos tienen miedo de hablar; otros, al verse apoyados por el grupo, se acercan a los medios de comunicación para contar su caso.
Entre estos últimos está Mildred Barillas, esposa de Gilber Barillas, quien está detenido desde hace cuatro meses en El Rodeo 1. Barillas estuvo semanas sin contacto con su pareja. Cuando finalmente pudo verlo, el domingo pasado, salió angustiada del centro de reclusión. «Mi esposo ha bajado de peso, es una persona hipertensa con problemas cardíacos. El Rodeo 1 es un infierno, están alejados del mundo, tienen camas de cemento con una colchoneta que comparten entre dos. Pasan las 24 horas con una letrina compartida en la misma celda. Los veo los domingos por 25 minutos, ese tiempo no es suficiente. No tenemos contacto con ellos», denuncia.
A su juicio, la situación de los reclusos ha empeorado desde el 28 de julio, el día de las presidenciales. «Hay demasiadas personas detenidas. Me levanto a las 4:00 de la mañana para poder ir a ver a mi esposo. Todos los días vivimos con la preocupación de no saber si comieron si durmieron o si están bien. Pensar diferente es delito en este país«, asevera. Desde las elecciones ya son 1.936 detenido, entre ellos 68 adolescentes, 160 militares y 238 mujeres, según cifras de Foro Penal, actualizadas el 14 de octubre 2024.
Luchar por derechos no es terrorismo
Yusmery García, de 41 años de edad, no tiene miedo de hablar. Su hijo, Luis García, de 20 años, está recluido en Tocorón, donde fue detenido arbitrariamente el 6 de agosto después de que policías le montaran una trampa por medio de las redes sociales. García, proveniente del pueblo de Cumanacoa, en el estado Sucre, se dedica a la impresión de camisas y tazas en La Hoyada, Caracas, trabajo con el que buscaba ahorrar para costearse sus estudios en la capital. Los policías le encargaron un par de camisas y cuando él les dio la ubicación para hacer la entrega, se lo llevaron detenido.
“La defensora de mi hijo tiene miedo también a que la boten, así que mi hijo no tiene defensa y su expediente está viciado. No me dejan darle comida o agua. Me dijo hace días que se sentía secuestrado; lo tratan mal, la comida es deplorable, el agua es amarilla. Si uno compra el medicamento, lo reciben pero no se lo entregan. Les estamos llevando suero para que aguanten. Si siguen así, los vamos a sacar de allí directo para el cementerio”, expresa.
García afirma que los detenidos están desnutridos y que la experiencia de estar detenidos ha sido tan fuerte que incluso les están pidiendo a sus familiares que salgan a las calles a protestar.
García, como familiar de un preso político, no tiene dudas: su hijo es inocente. Después de que se lo llevaron el 6 de agosto a Zona 7 no volvió a verlo sino hasta quince días después. Esta semana tuvo otra visita que fue peor que todas las demás. “Estaba más desgastado. Duró 10 minutos, lo vi detrás de un vidrio sin poder tocarlo y tengo que hablar lo más rápido posible. Él está desnutrido, débil y con mucha depresión. Llorando, me pidió ayuda; y yo me siento con las manos atadas porque de verdad hemos ido a todos lados. No hemos tenido respuesta. Nada”, confiesa.
Con la situación del país, García ha tenido que pedir ayuda para costear los gastos que implican estar constantemente en Caracas haciendo trámites para la liberación de su hijo. “Las madres estamos en las calles. No conseguimos forma de ayudar a nuestros hijos, que son inocentes. Los policías son los incitadores al odio, aprovechándose de jóvenes inocentes y trabajadores”, manifestó.
No hay Navidad con presos políticos
En el caso de Yajaira Gutiérrez, de 44 años de edad, a su hijo David Samuel Gutiérrez, de 21 años, se lo llevaron detenido de su casa en Ciudad Caribia, al norte del valle de Caracas. Estudiante de día, mototaxista de noche, su hijo es cristiano desde hace 8 años y tampoco tiene miedo de denunciar lo que está sucediendo. Se lo llevaron el 22 de agosto, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada. A ella lo único que le dijeron fue que se lo llevaban por incitar al odio a través de mensajes que envió vía WhatsApp. A ella no le consta: en ningún momento le mostraron las pruebas del delito.
“Si no me muestran las pruebas es porque no las tienen”, señala. Después de que lo detuvieron, estuvo retenido tres días en Maripérez. De allí se lo llevaron a Zona 7, donde estuvo quince días hasta que se lo trasladaron a Yare y de allí a Tocorón. No le avisaron de esos traslados, así que Gutiérrez se sumó a un grupo de madres para ir juntas a Tocorón. Como no las dejaron pasar, se congregaron en las rejas del exterior y comenzaron a gritar en modo de protesta. Solo así salieron las autoridades para decirles que sí, que sus hijos estaban allí, aunque no les dieron pruebas de ello.
Pasaron tres días hasta que finalmente recibió una llamada telefónica donde no solo le confirmaron donde estaba su hijo, que sufre de asma, sino que también la citaron para una visita. Cuando pudo verlo, Gutiérrez le contó que le habían lastimado una mano a modo de castigo por gritar en su celda pidiendo socorro. Tenía un ataque de asma y no podía respirar. La única respuesta que consiguió fue la orden de que sacara una mano por entre los barrotes para golpeársela. También le contó que el desayuno se los dan a las 2:00 pm y luego les dan una cena, totalmente fría y en mal estado, pasadas las 7:00 pm. La carne luce verde, con gusanos, sin sabor. Muchos están descompensados, pues prefieren pasar hambre que ingerir esa comida.
Yajaira no quiso preguntarle detalles sobre cómo lo lastimaron o por qué. La visita también estaba ocurriendo en un ambiente de coacción y represión: por medio de un vidrio, sin contacto físico, con guardias custodios vigilando cada palabra. Si decía algo que denunciara su situación en el centro, los guardias le hacían una seña en el vidrio para que se callara. “Así como mi hijo está preso, yo estoy presa afuera”, asegura Gutiérrez, también madre de cuatro niñas, la mayor de 12 años de edad y la menor de 4 años. A ellas las tiene que dejar solas en la casa para poder pedir y luchar por la libertad de su hijo. “Imagínense que me llegue la policía a la casa y las encuentre solas, otro problema más”, comenta angustiada.
En el caso de Gutiérrez, su hijo pudo contarle, en una breve llamada por teléfono -que debió durar cuatro minutos porque le cortaron antes de tiempo-, que en Tocorón le están pidiendo a los reclusos firmar una hoja en blanco. La solicitud la hacen los custodios en nombre de los defensores públicos, así buscan convencerlos de que firmen. Ninguno ha aceptado.
“A los que pasan a juicio les dan una hoja totalmente en blanco, pidiendo que la firmen. No les dicen para qué es o qué escribirán en ella, solo mienten y dicen que las envía un defensor público. Los mismos detenidos se solidarizaron entre ellos y acordaron no firmar nada. A penas me dijo eso, la llamada telefónica se cortó de golpe: no querían que me dijera la verdad de lo que pasa allá adentro. Mi hijo está cansado y yo también, ya no podemos más”, dijo.
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