“Cuando la política se entromete en los tribunales, la justicia desaparece”. Con esta frase inicia el abogado penalista Juan Garantón, en un encuentro en el que expone su histórica solicitud para lograr las inhabilitaciones de los participes del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, incluyendo a Hugo Rafael Chávez Frías como candidato presidencial.
Las inhabilitaciones políticas, el castigo que ha puesto de moda el gobierno de Nicolás Maduro, tienen como intención neutralizar rivales incómodos. Las inhabilitaciones políticas son un patrón de persecución. El gobierno de Nicolás Maduro, a través del uso indebido del poder del Estado y el control de las instituciones, como ha sido el de la Contraloría General de la República, ha utilizado de forma sistemática la figura de las inhabilitaciones políticas.
Un nutrido grupo de políticos venezolanos, se han visto afectados por la medida entre ellos: Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Juan Guaidó, Pablo Pérez, Leocenis García, Ramón Muchacho, Enzo Scarano, entre otros.
Garantón habla sobre los entresijos legales y políticos que han marcado a Venezuela, explorando por qué Chávez Frías no fue inhabilitado y por qué buscan hacerlo con María Corina Machado. El abogado compara a estas dos figuras y expone cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha popularizado las inhabilitaciones políticas para neutralizar a rivales incómodos.
El intento de golpe de Estado en Venezuela ocurrió el 4 de febrero de 1992, ejecutado por un grupo de militares contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó y los rebeldes se rindieron, este evento marcó un cambio radical en la vida política del país.
Todos los participantes en esta acción fueron llevados a prisión por su actuación en el hecho, siendo su causa fue posteriormente sobreseída y los actores fueron puestos en libertad dos años después, durante la Presidencia de Rafael Caldera. Hugo Chávez irrumpió en la escena política venezolana como artífice de un golpe de Estado frustrado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.
Garantón, reconocido por su participación en casos mediáticos, presentó el 11 de agosto de 1998 una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para anular la postulación de Hugo Rafael Chávez Frías como candidato presidencial. Argumentó que Chávez había cometido delitos durante el intento de golpe de Estado, causando muertes y destrucción, hechos que no fueron enjuiciados debidamente.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso, alegando que Chávez no tenía una condena firme en su contra, pese a los delitos que se le imputaban. Garantón cuestiona esta decisión, señalando que el sistema judicial fue permisivo con Chávez, permitiéndole seguir adelante a pesar de los crímenes cometidos.
El abogado se refirió específicamente a los muertos como consecuencia de la asonada del 4 de febrero y aseguró que los “hechos punibles cometidos por el ciudadano Chávez Frías causaron terror dentro del conglomerado social”.
La razón fundamental es que se había cometido una serie de delitos que ameritaban pena de presidio y que no fueron enjuiciados en su momento. Pero independientemente de que el presidente de aquella época, Rafael Caldera, hubiera decidido que estas personas, entre ellas Hugo Rafael Chávez Frías, no se les siguiera el juicio, no incidía en que esos delitos no se hubieran cometido. No borraba todos los hechos que habían acontecido. Por eso, impugnó la candidatura de Chávez.
El paralelismo entre las inhabilitaciones
El abogado contrasta esta situación con el caso de María Corina Machado, afirmando que, al igual que Chávez en su momento, ella no ha sido condenada por ningún delito y, por ende, tiene derecho a ser candidata presidencial. Expresa su desconocimiento sobre una supuesta inhabilitación de Machado, afirmando que carece de fundamentos legales y constitucionales.
Sostiene que la Constitución es idéntica y la Constitución es la que prima por encima de todas las leyes. Si existe una norma en otra ley que choca contra la Constitución, tiene que darse, aprobarse lo que plantea la Constitución. Y la Carta Magna, explica Garantón, dice lo mismo que decía antes: que solamente una persona condenada puede ser inhabilitada, o sea que tiene que existir una condena penal firme. “Esa figura de la Contraloría, eso es inconstitucional. Eso está en un artículo que permite al Contralor inhabilitar, pero eso choca con la Constitución y no puede ser aplicado”, dice Garantón.
El abogado, además, insistió en que a pesar de que María Corina -al igual que Hugo Chávez- no tiene una sentencia firme, la principal diferencia es que Machado no ha cometido ningún delito, mientras que Chávez si lo hizo en su intentona golpista.
Garantón reflexiona sobre los cambios en el sistema judicial venezolano, mencionando la introducción de la ley antiterrorista posterior al intento de golpe de Chávez como un ejemplo de cómo las leyes pueden manipularse con fines políticos. Sugiere que la democracia venezolana ha sido tolerante con figuras como Chávez, lo que ha creado un panorama legal y político complejo y contradictorio.
En resumen, Garantón advierte sobre el peligro de utilizar la ley para inhabilitar a candidatos políticos sin fundamentos legales sólidos, ya que no solo sería una injusticia individual, sino también un desafío a la integridad del sistema democrático y constitucional de Venezuela. Destaca la importancia de someter estas acciones a un riguroso escrutinio para salvaguardar la justicia y el Estado de derecho en el país.