Un día después de que Venezuela aprobase en un referendo la anexión del territorio que se disputa con Guyana, Nicolás Maduro aseguró que este resultado es «vinculante», lo que supone una inminente incursión en esta zona controlada por Georgetown, que sigue sin cambios en su Administración pese al discurso chavista.
«Que no le quede duda a nadie de que el referendo consultivo es vinculante» y supone un «mandato popular», remarcó Maduro este lunes, cuando recibió los resultados oficiales de la consulta: 10,4 millones de votantes, un hito que el chavismo no alcanzó en sus mejores años de popularidad y que contrasta con los reportes de baja concurrencia que dominaron la jornada.
De cualquier forma, el referendo, ceñido a la narrativa oficial, da luz verde al Ejecutivo para tomar el control de los 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela no administra desde 1899, lo que dejaría a Guyana sin las dos terceras partes de su geografía y sin riquezas naturales que han avivado el pleito en los últimos meses.
Lo vinculante
Venezuela asume el referendo como un mandato, partiendo de su propia Constitución -que, como toda Carta Magna, afecta exclusivamente al país que la aprueba-, en la que se establece el carácter vinculante de los asuntos sometidos a consulta, en este caso, cinco preguntas con las que más del 90 % de los participantes respaldaron los argumentos y propuestas del Gobierno en la disputa.
Pero el mandato constitucional venezolano no afecta a Guyana, que no votó al respecto, ni ningún otro país más allá de las fronteras de la nación de origen, sino que tiene carácter interno.
Y como ningún país tiene facultad para decidir sobre la soberanía de otro, Guyana llevó la controversia -sin avances durante décadas- ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que desde 2018 admitió el caso y emitirá, en una fecha no establecida, una decisión sin duda vinculante para las dos naciones.
Mientras tanto, Maduro se dijo obligado por el «mandato popular» a actuar para «ahora sí recuperar los derechos» sobre el área en cuestión y, aunque no se conocen detalles sobre los planes del presidente, el primer paso debería ser entregar documentos de identidad a quienes viven en la zona bajo pleito, mayoritariamente comunidades indígenas.
Así lo establecía la quinta pregunta del referendo, que también, tras los resultados, permite a Venezuela crear en este lugar una nueva región bajo el nombre de Guayana Esequiba e incorporarla al mapa nacional, con lo que su superficie se elevaría a 1.075.987 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Egipto.
No obstante, se trata, hasta ahora, de posibilidades y discursos, pues en la práctica, como lo dictaminó la CIJ, Guyana sigue administrando el territorio, en el que ha otorgado licencias para la explotación petrolera, lo que ha enfurecido a Caracas.
Lo expresado en Venezuela
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rebajase este lunes en más de 100.000 votos el dato de participación anunciado el domingo, quedó claro que hablaba de electores y no de expresiones, como aseguraron algunos opositores, entre ellos Henrique Capriles, que cifró en 89,8 % la abstención en el proceso.
Ahora, con el segundo boletín oficial, la participación se ubica en 50,26 %, el punto más alto al que llega un proceso electoral en Venezuela desde 2017, pese al escaso interés mostrado por la ciudadanía, tanto en fechas previas como el propio día del referendo.
El chavismo y las instituciones venezolanas cerraron filas para respaldar los resultados y jurar que actuarán en consecuencia de lo expresado en las urnas, entre otros asuntos, rechazar la jurisdicción de la CIJ para resolver esta controversia, aun cuando Caracas participa, de manera activa, en el proceso.
Además, según la consulta, unos 10 millones de venezolanos están dispuestos a oponerse «por todos los medios» a la «pretensión» de Guyana de «disponer unilateralmente» de aguas que Caracas considera «pendientes por delimitar», algo que el Gobierno no ha aclarado en cómo se traducirá.
Por ahora, la pregunta principal es cuándo y de qué manera Venezuela hará cumplir el voto ‘vinculante’ que le ordena poner en marcha «un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura» de la zona disputada.
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