La relación entre Joe Biden y Nicolás Maduro vive su mejor momento. El canje múltiple de esta semana, que provocó la liberación de Alex Saab, presunto testaferro del «presidente pueblo», ha solapado además la polémica deportación del teniente Pedro Naranjo Machado.
Naranjo fue entregado a Caracas pese a ser hijo de un general preso político durante tres años y a que, además, había desertado de su puesto para escoltar a su padre en su huida a Estados Unidos.
Un evidente giro de tuerca a la protección otorgada durante años a los opositores venezolanos. También del incumplimiento con la defensa de los derechos humanos.
En medio de la gran crisis migratoria que sufre EE UU en su frontera sur, Washington ha apostado claramente por combatirla cuando falta menos de un año para las presidenciales.
Así lo hizo patente el jueves, cuando uno de sus portavoces reconoció que la libertad del magnate colombiano Saab forma parte de su «estrategia contra la migración ilegal».
Antecedentes
Los vuelos de deportación directos desde EE UU y Caracas comenzaron en octubre, en paralelo a la firma de los acuerdos de Barbados entre gobierno y oposición. Y no han parado.
En el último, repleto de emigrantes, viajaba también Naranjo, de 27 años, quien durante dos meses permaneció en el Centro de Detención de Inmigración en el estado de Luisiana con la esperanza de recobrar la libertad.
No fue así. Estados Unidos le entregó a las autoridades venezolanas, que le han recluido en la prisión militar de Ramo Verde, la misma en la que permaneció durante más de tres años el exprisionero político Leopoldo López, según confirmó a El Mundo de España el abogado Alonso Medina Roa, al frente de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Se le acusa de haber desertado de su puesto.
Al teniente no se le concedió asilo pese a ser hijo del general de división Pedro José Naranjo Suárez, prisionero político durante tres años y medio. Ambos escaparon de Venezuela hace un año y pese a su heroicidad, no encontraron la solidaridad que esperaban.
Primero en Colombia, donde la administración de Gustavo Petro, aliado de Maduro, les dio la espalda. Y después en México, donde tampoco fueron asistidos. Ante semejante situación decidieron cruzar Río Bravo el 4 de octubre pasado para una vez en suelo estadounidense, en entregarse a las autoridades para reclamar asilo y protección.
Al padre se le concedió, pero no a su hijo. Contra el segundo se inició un proceso que no se detuvo pese a las protestas de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Voces en contra
«Es inaceptable e inhumano lo que ha sucedido con la deportación a Venezuela del teniente Pedro Naranjo. Huyó del país (con su padre) luego de haber sido torturado (el general) y tras atravesar dos países afines al régimen«. Así denunció la activista de derechos humanos Tamara Suju.
Padre e hijo siguieron la misma ruta tortuosa y llena de peligros, que incluye la selva del Darién, el corredor centroamericano, y México.
«Llega a un país democrático, con esperanza de que le van a dar un asilo y lo entregan a un capo. Este gobierno no está con los venezolanos». Así acusó Ernesto Ackerman, presidente de la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC).
Tanto la madre como la mujer del teniente publicaron vídeos en sus redes sociales para reclamar a Washington, sin éxito, que cambiase de postura.
«Tengan piedad, por favor. Temo por su vida, no sé si lo volveré a ver. Yél también teme por su vida», reclamó la madre, María Elena Machado.
Los familiares creen que al hijo del general no le concedieron asilo porque no demostró «temor creíble» en el interrogatorio, algo complicado cuando un militar ha sido entrenado para no hacerlo.
Ataques contra los suyos
La mujer del teniente también relató la persecución sufrida por su pareja durante el tiempo que su padre permaneció en la cárcel. A Naranjo Machado le quisieron incluso impedir que se graduara. También forzaron una detención para quitarle los galones.
La tragedia de los Naranjo parece no tener final. El general de división permaneció tres años y medio entre rejas, y varios meses más en arresto domiciliario.
Está acusado de rebelión y delito contra el decoro por el caso Armagedón, un supuesto intento, nunca juzgado ni demostrado, de entorpecimiento de las elecciones fraudulentas de 2018, que supusieron a la postre la reelección de Nicolás Maduro.
Junto a otros militares sufrió malos tratos en el peor centro de torturas de las Américas, en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Todo ello pese a una intachable hoja de servicios, que mostraba cómo uno de los mejores pilotos de helicópteros de la GNB. Con los años alcanzó el puesto de segundo comandante y jefe de Estado Mayor del comando aéreo de la Guardia.
El general sufrió incluso en prisión un edema cerebral con parálisis, del que no fue tratado durante 72 horas. Trasladado finalmente a una clínica, se le diagnosticó un tumor cerebral.
La persecución y el hostigamiento contra familiares de militares forma parte del manual de la represión chavista, una «lección» para que nadie se atreva a levantar la voz contra Maduro y el generalato que le protege.
Contra estos jerarcas chavistas investiga la Corte Penal Internacional (CPI) distintos delitos de lesa humanidad, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Según la Coalición por los Derechos Humanos, todavía permanecen en prisión, pese a las últimas liberaciones, 266 presos políticos, de los que 164 son militares.
Con información de El Mundo