La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció, en un informe presentado en su reunión de medio año que se celebra esta semana, que en Venezuela hay «una dictadura implacable» que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente.
«La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente», recoge el documento.
Subrayan que al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda Venezuela y destacan que el uso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) «regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva», con lo que se convierte en un «instrumento para silenciar la radio».
«Por lo pronto, las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte», añaden.
Los casos de acoso a la prensa más recientes son la sentencia del TSJ del régimen que exige a El Nacional pagarle a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, más de 13 millones de dólares y el repentino cierre de la programación de la histórica emisora Radio Rumbos.
El caso del diario fundado por Miguel Otero Silva se remonta a 2015, cuando el líder chavista demandó al periódico luego de reproducir una noticia de ABC que lo vinculaba, con declaraciones de su exescolta Leamsy Salazar, con negocios de narcotráfico.
La medida del régimen realmente tiene la finalidad de expropiar de manera encubierta al periódico.
Mientras que en el caso de Radio Rumbos la Sala Constitucional acordó suspender indefinidamente la programación ordinaria de la emisora con el dial 670 AM.
La orden judicial, de fecha 1° de diciembre de 2020, incluye el desalojo de las instalaciones de la emisora, sin que se conozca quiénes asumirán la conducción gerencial.
«Reducción del espacio cívico»
El documento recuerda que la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, publicó un informe el pasado 11 de marzo en el que aseguran haber registrado, desde septiembre de 2020, una «reducción del espacio cívico».
En ese lapso, hubo «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios».
«Tan solo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones», reza el informe reseñado por la SIP.
«Bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones (legislativas) del 6 de diciembre», añaden.
En este contexto, el informe de la SIP considera que «la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a Internet», pese a que el régimen, a través de las compañías telefónicas, bloquea las páginas «de acuerdo con lo que consideran noticias perniciosas para la revolución».
Esos bloqueos tienen carácter discrecional, puntual y temporal, dice la entidad.
Además, consideran que a «muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos».
«Intimidación constante»
«En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, minisecuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el gobierno», agrega el texto.
Por otra parte, la SIP asegura que «los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas».
Como parte de ese uso, señalan que el 10 de febrero el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, «sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo«.
Cabello amenazó al medio por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia acerca de la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.
También denuncian que «sigue la persecución contra corresponsales extranjeros» y citan como ejemplo la detención de los reporteros Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, de NTN24.
Los periodistas fueron arrestados durante 24 horas el pasado 31 de marzo, mientras cubrían los enfrentamientos entre militares y disidentes de las FARC en el estado Apure.
Finalmente, recuerdan que el Parlamento chavista «anunció que redactará una ley para regular las redes sociales y definir penalmente lo que entienden por traición a la patria».
Frente a este panorama, la SIP exigió «el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente».