El ecuador de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, está marcado por el silencio sobre su actividad y el clamor de organizaciones defensoras de derechos humanos, que reiteraron este martes la petición de ser escuchadas.
Khan, quien llegó al país el domingo para una visita de tres días, fue interpelado en foros por quienes aseguran ser familiares de víctimas de persecución y abusos del gobierno, así como por activistas que claman por la liberación de los presos políticos.
Durante la jornada se registraron concentraciones en Caracas, en las que los voceros repitieron la petición que el lunes hicieron ONG y familiares de víctimas. Todos quieren ser escuchados por la autoridad de la CPI.
«Escuche a los verdaderos afectados», le pidió a Khan José Gregorio Pernalete, padre del manifestante Juan Pablo Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena.
Este hombre, quien se manifestó a la entrada de la Defensoría del Pueblo en Caracas, insistió que en Venezuela «no se imparte una justicia genuina» y tampoco «hay intenciones» de hacerlo.
Los manifestantes solicitaron ante la Defensoría del Pueblo que se coordinen reuniones entre el fiscal y las víctimas, o que se «establezca una mesa técnica» para que exista algún tipo de comunicación entre Khan y los ciudadanos que quieren exponer sus casos.
«Agenda secuestrada»
La agenda prevista durante la visita de Khan a Venezuela, que comenzó el lunes con una reunión con Nicolás Maduro se ha mantenido oculta y hasta el momento, se desconocen los detalles de otros encuentros.
Tras la llegada del fiscal a Venezuela el domingo, el Ejecutivo dijo que se reuniría con autoridades, sin especificar los nombres ni los cargos de los interlocutores.
El silencio y la falta de información sobre la actividad de Khan llevaron a la oposición a asegurar que tiene la «agenda secuestrada» y que su presencia en el país se ha convertido en «una visita controlada».
No obstante, el grupo opositor centra sus esperanzas en que el paso del fiscal jefe de la CPI por Venezuela concrete la solicitud de un enjuiciamiento en contra de Maduro.
El exdiputado opositor Williams Dávila aseguró que los informes de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y de la misión de expertos independientes «constatan graves violaciones» por parte de las fuerzas policiales y militares del gobierno nacional y son sustento para ese posible proceso judicial.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones desde abril de 2017 como en algunas cárceles.
La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Mensajes para Khan
Desde la llegada de Khan, activistas y ONG le han advertido, a través de redes sociales, de hechos que consideran que violan los derechos humanos.
La ONG Fundaredes solicitó al fiscal que interceda por los derechos de su director, Javier Tarazona, que este martes cumplió cuatro meses de arresto bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
Provea, otra organización defensora de los derechos humanos, difundió un mensaje que dice que el Estado no investiga las «cadenas de mando» ni a sus altos cargos en los ministerios de Defensa e Interior.
Además, grupos sociales salieron a las calles con pancartas a poner de manifiesto sus reclamos, con la esperanza que de lleguen a oídos de Khan antes de que concluya su visita a Venezuela este miércoles.