La Asamblea Nacional de 2020 aprobó este jueves la designación de la exmagistrada Gladys Gutiérrez como embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, en donde se investigan los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en el país desde 2017.
Gutiérrez, quien también ocupó el cargo de rectora principal del Consejo Nacional Electoral entre el 12 de junio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, se desempeñará además como representante ante otros organismos internacionales con sede en los Países Bajos.
La exmagistrada fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, cuando la sustituyó en el cargo el magistrado Maikel Moreno. En dos ocasiones el chavismo la postuló para la Gobernación del estado Nueva Esparta, pero no logró ganar las elecciones contra el adeco Morel Rodríguez.
Gutiérrez está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que considera que con sus fallos en la Sala Constitucional ha usurpado la autoridad de la legislatura del país democráticamente elegida.
También el gobierno de Panamá la sancionó en 2018 por considerarla de alto riesgo por el presunto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El nombramiento lo hizo el Parlamento chavista una semana después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, advirtió a la Corte que supuestamente está basando su informe preliminar sobre el caso de Venezuela en noticias falsas difundidas a través de Twitter y de cuentas robotizadas.
Rodríguez omitió denuncias graves como el asesinato del joven Juan Pablo Pernalete durante una protesta antigubernamental en Altamira, estado Miranda, a manos de un militar que disparó en su contra una bomba lacrimógena. Esa versión inicialmente la negó el régimen, que aseguró que el motivo de muerte del estudiante fue el impacto de una pistola de perno.
«La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos», había afirmado el fiscal general chavista Tarek William Saab a principios de mayo.