En el contexto de una Venezuela marcada por la represión y el control político, las recientes liberaciones de presos políticos han generado una mezcla de alivio y escepticismo. Según el anuncio del fiscal general, Tarek William Saab, se espera la liberación de más detenidos que fueron arrestados tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, para los familiares de los encarcelados, esta promesa no es garantía de justicia.
En un sistema judicial donde los presos políticos son privados de derechos básicos como el acceso a abogados, audiencias y juicios imparciales, las liberaciones anunciadas son percibidas más como maniobras políticas que como actos de rectificación. La esperanza por la libertad de los más de 2.400 detenidos sigue viva, pero está envuelta en la sombra de un régimen que utiliza estas acciones como un instrumento para perpetuar el miedo y mantener su control.
Este trabajo explora la realidad detrás de las liberaciones anunciadas, el costo humano de la incertidumbre que enfrentan las familias y la lucha constante por justicia en un contexto donde el miedo es la principal herramienta de poder.
La maquinaria represiva del régimen venezolano en las derruidas celdas de Venezuela, donde la luz apenas se filtra entre rejas corroídas, se encuentran más de 2.200 personas, hombres, mujeres y hasta menores de edad, convertidos en piezas de un engranaje opresivo que no da tregua. Son rehenes, ciudadanos privados de su libertad bajo un régimen que ha hecho del encarcelamiento su arma más eficaz para sofocar la disidencia y perpetuar el control.
Cárceles que gritan injusticia
La semana pasada, según las cifras del fiscal general dadas este miércoles, 225 personas cruzaron la frontera entre el silencio y la libertad condicionada. Entre ellas, algunos menores de edad, cuya inocencia quedó atrapada en el entramado de un sistema que no discrimina a la hora de castigar.
“Las liberaciones son una pantalla”, asegura un abogado defensor de derechos humanos que prefiere mantenerse en el anonimato. “Por cada uno que sale, otros dos entran. El mensaje es claro: la cárcel está ahí para quienes se atrevan a cuestionar”, agregó.
En Venezuela, ser preso político no siempre implica haber alzado una pancarta o liderado una protesta. Basta con un comentario en redes sociales, una mirada en el lugar equivocado o un parentesco incómodo para caer en las garras de un sistema judicial convertido en verdugo.
Casi tres meses después de que el gobierno detuviera a unas 2.000 personas en una campaña represiva tras unas disputadas elecciones presidenciales, utilizando a cada persona para sembrar el miedo en el colectivo, las autoridades han anunciado planes para liberar a más presos.
Maduro llama a los jueces a revisar las detenciones poselectorales y a «rectificar» en caso de error
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los jueces del país y a la Fiscalía revisar las detenciones registradas luego de las elecciones del 28 de julio, así como los procesos judiciales respectivos, para «rectificar» en caso de que haya habido errores.
«Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, le hago un llamado a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia», dijo el mandatario en su programa semanal de televisión que se llama Maduro +.
Estas declaraciones se producen cuatro días después de que familiares de los detenidos leyeran en Caracas -a las afueras del Palacio de Justicia- una carta en la que le pidieron al mandatario una medida de gracia que otorgue libertad plena e inmediata a los arrestados, cuyo total era de 2.400, según el Ejecutivo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la liberación de 225 personas que fueron detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denuncia fraude.
“Entre la tarde del viernes 15 y el sábado 16 fueron otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad a personas procesadas por los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones del 28 de julio”, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Las liberaciones “fueron solicitadas conforme al Artículo 285 de la Constitución”, que especifica las atribuciones generales del Ministerio Público y tras “exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales”.
Saab recalcó que estas liberaciones son resultado del trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. El Ministerio Público no ha dado a conocer el listado oficial sobre los excarcelados.
Opositores venezolanos saludaron la liberación de varias decenas de considerados “presos políticos”. Sin embargo, la coalición opositora insiste en que se liberen a todos los presos por razones políticas.
Una liberación condicionada
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos humanos, confirmó que al menos 131 presos políticos han sido excarcelados desde el sábado, aunque subrayó que las medidas sustitutivas impuestas por los tribunales chavistas limitan su verdadera libertad. Entre los excarcelados se encuentran menores de edad y dos ciudadanos españoles.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, estas liberaciones han ocurrido en centros como Tocorón, Tocuyito y La Crisálida.
Sobre los excarcelados se han impuesto medidas cautelares para evitar que cuenten a la prensa los malos tratos sufridos.
Luis Alarcón, un joven de 22 años que padece diabetes y pasó meses encarcelado en Tocorón, fue uno de los liberados. Su fotografía, difundida por la ONG Fundehullan, refleja el estado físico debilitado de quienes han vivido la crueldad del sistema penitenciario venezolano.
Un arma de control político
Las cárceles venezolanas han sido transformadas en herramientas de represión, donde más de 2.000 presos políticos han sido detenidos arbitrariamente, según informes de organizaciones internacionales. Para muchos, el objetivo del régimen es claro: silenciar la disidencia, intimidar a la población y desarticular cualquier forma de resistencia.
El costo humano del miedo
Las cárceles no solo son un lugar de castigo físico, sino también un espacio donde el régimen intenta quebrar voluntades. Los detenidos enfrentan torturas físicas y psicológicas, condiciones inhumanas y un sistema que les niega derechos básicos. Pero más allá de los muros, las familias de los presos también viven una condena perpetua: la incertidumbre.
Los padres, hijos y hermanos de los presos políticos cargan con un duelo que no termina. Viven pendientes de abogados, de rumores, de listas que prometen liberaciones que casi nunca incluyen el nombre que esperan. Cada día es una batalla contra el silencio, una espera llena de desesperación y miedo.
A pesar del terror que acompaña a cada noticia, a cada puerta que se abre o a cada visita a los tribunales, muchas familias no se rinden. Aferradas a la esperanza, enfrentan el miedo con la fuerza del amor por quienes están detenidos. Para ellas, la libertad de sus seres queridos no es solo un anhelo, es un motivo para resistir.
En medio de la incertidumbre, encuentran fortaleza en pequeños gestos: una llamada inesperada, un rumor que anuncia posibles liberaciones o incluso la sonrisa de alguien que ya ha recuperado la libertad. Estas familias, aunque rotas por dentro, mantienen viva la llama de la esperanza, porque saben que es lo único que puede aliviar el peso de la injusticia.
El costo humano del miedo es enorme. Las cárceles venezolanas destruyen vidas no solo dentro de sus muros, sino también fuera de ellos. Sin embargo, en medio del dolor, las familias no se resignan; siguen esperando, siguen luchando, porque la esperanza, incluso en su forma más tenue, es su último refugio frente a la opresión.
«La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto en Venezuela«. Así lo señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Los menores de edad forman una de las aristas más perturbadoras de esta crisis. Según el OVP, niños y adolescentes han sido arrestados en redadas masivas o por simples actos de protesta, una práctica que viola flagrantemente la Convención sobre los Derechos del Niño.
Liberados algunos menores detenidos tras los comicios en el norte de Venezuela, según ONG
Cinco adolescentes detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela fueron liberados de una cárcel del estado La Guaira, informó este domingo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización indicó en X que los menores de edad fueron liberados la noche del sábado y compartió un vídeo de los jóvenes reencontrándose con sus familiares a las afueras del centro de reclusión.
Entre tanto, la oposición venezolana pide a Unicef que intervenga en defensa de los menores detenidos por el régimen de Maduro. El escrito presentado ante la agencia de la ONU estima que más de 70 niños, niñas y adolescentes están recluidos en prisiones para adultos
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en Instagram que en el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón, han sido liberados 50 jóvenes adultos, con medidas cautelares. «Hay que recordar que en Tocorón hay más de 900 presos políticos por situación poselectoral”, resaltó.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló en X que en la cárcel del estado Carabobo, conocido como Tocuyito, han sido liberadas unas 14 personas, que se suman así a las diez que habían sido excarceladas de la cárcel de San Francisco de Yare en el estado Miranda. El comité expresó su alegría por los liberados, pero no ocultó su indignación por quienes siguen tras las rejas.