El exgobernador venezolano Henrique Capriles lamentó este lunes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) haya tardado 11 años en emitir una sentencia -favorable para el opositor- sobre una demanda que interpuso sobre las elecciones presidenciales de 2013, que determinó que el Estado violó los derechos políticos del excandidato presidencial.
«Once años después (la justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita) obtuvimos sentencia en relación con la demanda que interpusimos por la elección presidencial del año 2013 ante la Corte-IDH», señaló el dos veces candidato presidencial en la red social X.
Capriles indicó que siempre ha buscado caminos en el marco de la Constitución venezolana para «recuperar la democracia, la institucionalidad».
«Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en paz su futuro», añadió.
La sentencia de la Corte-IDH
La Corte-IDH condenó a Venezuela este lunes por violar los derechos políticos de Capriles durante el proceso electoral de 2013, lo que incluyó la negación a una auditoría de votos y el «uso abusivo del aparato estatal» en favor del entonces «presidente encargado» Nicolás Maduro.
La presidenta de la Corte-IDH, Nancy Hernández, dijo en un acto de notificación de sentencia a las partes que el Estado es responsable por violaciones de los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión y el derecho a la defensa.
En las elecciones presidenciales de 2013, Capriles obtuvo 49,12% de los votos contra 50,61% de Maduro, según los resultados anunciados entonces por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una contienda que estuvo precedida por la muerte del entonces presidente Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, tras lo cual, Maduro, quien fue vicepresidente ejecutivo, ejerció como «presidente encargado».
«La Corte constató que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto progresivo de deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», afirmó la jueza Hernández.
La Corte-IDH también determinó que una multa impuesta por las autoridades venezolanas a Capriles, tras presentar recursos para la revisión de votos, constituyó una violación del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
En la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la multa a Capriles.
La Corte-IDH también ordenó al Estado «adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales» y para «garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales».
Otra orden del tribunal es la de «facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación» públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del CNE y del TSJ.