La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos y presienta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
La organización instó asimismo al régimen de Nicolás Maduro a liberar a la activista y respetar su derecho a la defensa.
«Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal», menifestó el organismo mediante su cuenta oficial en la red social X.
La más reciente información que se conoció sobre la activisa es que fue presentada la noche del lunes ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares, también privados de libertad en las últimas horas, informó el fiscal del Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó que se encontraba en desarrollo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, de Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como desaparecidos.
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
Saab aseveró que el Ministerio Público solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
Además, indicó que pedirá también la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos (de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, solicitará medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», para las otras cuatro personas.
El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios», y con la cual ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
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