ONU empleados expulsados de Venezuela
Foto: Archivo

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela están en Panamá para continuar sus labores tras ser expulsados del país suramericano, confirmó este martes a Efe una fuente en el país centroamericano del organismo internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha dado hasta el momento más detalles de la llegada de los 13 funcionarios, información que había adelantado a Efe el organismo de la ONU desde su sede en Ginebra y el propio Nicolás Maduro, que aseguró que ya se había completado la salida del país el sábado, cuando se cumplía el plazo de 72 horas dado a los funcionarios.

La ONU tiene en Panamá su sede de la Oficina para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otras agencias regionales del organismo.

Según había adelantado este martes a Efe la portavoz del organismo Marta Hurtado, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí.

Expulsión de Oficina de la ONU de Derechos Humanos en Venezuela

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejaron Venezuela después de que el gobierno de Maduro suspendió el jueves las actividades de ese organismo entre acusaciones de supuesto espionaje y conspiración desde el Ejecutivo venezolano.

La oficina, con sede en Ginebra (Suiza) y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela», opinó Maduro.

Sin embargo, la decisión de expulsar a estos funcionarios, un hecho sin precedentes, se produjo un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.


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