La Asamblea Nacional electa en 2020 publicó este sábado la lista de postulados para los cargos de fiscal general, defensor del pueblo y contralor general, entre los que destacan Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos titulares de los despachos de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
A través de una publicación en X, el Comité de Postulaciones del Parlamento publicó una lista de 58 aspirantes para el cargo de defensor del pueblo, donde está Ruiz, así como el exdiputado y activista Enrique Ochoa Antich, opositor a Nicolás Maduro.
Para el cargo de fiscal general, además de Saab, hay otros 34 aspirantes, entre los que se encuentra la abogada y exvicefiscal del Ministerio Público Katherine Harrington, sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por considerar que ha «violado derechos humanos».
Asimismo, el comité presentó una lista de 35 aspirantes al cargo de contralor general, en la que se encuentra Elvis Junior Hidrobo Pérez, hijo del actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavista Elvis Hidrobo Amoroso.
Igualmente, para este cargo se postuló Gustavo Vizcaino, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y rector suplente del CNE.
En las tres listas aparece Josmary Páez, quien se desempeñó como abogada adjunta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2019.
El pasado 10 de octubre, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, designó un comité de postulaciones para nombrar a un nuevo fiscal general, contralor general y defensor del pueblo, miembros del Poder Ciudadano del país.
En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció poderes incontestables en el país durante dos años, designó a Saab como fiscal general, tras aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.
Posteriormente, en octubre de 2018, la ANC designó como nuevo contralor general a Amoroso, que ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó por ser nombrado presidente del CNE.
Las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde constitucionalmente al Parlamento, entonces controlado por la oposición y declarado en «desacato» por el TSJ, por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.