«La iglesia debe acompañar a las comunidades afectadas por la minería ilegal en el sur del país», así lo afirmó Luis Betancourt Montenegro, investigador de derechos indígenas y ambientales y coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía.
La reflexión la formuló el activista durante la primera jornada de la Semana Teológica 2024, que organizan el Posgrado de la Facultad de Teología y el Instituto de Teología para Religiosos (ITER-UCAB), en el campus de la UCAB en Montalbán.
Ante una audiencia conformada principalmente por sacerdotes y religiosos, pero también por académicos y profesionales laicos, Betancourt compartió panel con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Arturo Peraza, S.J., y ambos abordaron el tema «Minería, daño ecológico, derechos humanos y pueblos indígenas». El ciclo de conferencias fue inaugurado por el decano de la Facultad de Teología, Manuel Teixeira.
Los dos panelistas coincidieron en cuestionar la ilegalidad de las explotaciones mineras en Amazonas y Bolívar, que contradicen normativas previas de mayor rango que declaran esas regiones como áreas protegidas, según una nota de prensa.
Asimismo, denunciaron la enorme pérdida de la biodiversidad en la vasta zona del sur, el abandono por parte del Estado venezolano de las regiones y las agresiones que padecen las comunidades locales por culpa de grupos irregulares de distinto tenor.
Luis Betancourt afirmó que en las 33.000 hectáreas del parque nacional Yakapana «confluyen todo tipo de ilegalidades» y las consecuencias, entre ellas el desplazamiento forzado, las sufren las tribus locales.
Sin embargo, insistió en que, según las experiencia de primera mano que obtiene en sus recorridos permanentes por los siete municipios de Amazonas, «no todo es adverso» para los indígenas venezolanos que siguen aferrados a su tierra y «mantienen una fortaleza inquebrantable a pesar de los ataques reales».
Describió iniciativas que involucran a las nuevas generaciones de indígenas, «interrelacionándose» con la sociedad, y señaló que están adquiriendo conocimientos en las universidades, aportando desde otros escenarios «sin perder su identidad».
Dijo el investigador que le motivó viajar a la capital la necesidad de traer un mensaje: es necesario que se tome conciencia en el resto del país de la afectación ambiental y ecológica que sufre el sur de Venezuela y hacer presión para cambiar esa realidad.
Afirmó que los daños que el mercurio, empleado en la minería ilegal, causa a las personas no se ha cuantificado porque el Estado no tiene interés, al tiempo que ese metal afecta los terrenos de vocación agrícola, con los consecuentes desplazamientos de los indígenas acosados por la violencia de grupos guerrilleros y mineros.
Mencionó el activista que en la región están tomando cuerpo, con la ayuda de organizaciones entre las que están presentes distintas congregaciones de la Iglesia venezolana, «nuevos modelos de desarrollo solidario y sostenible», en contraposición a la visión de la «lógica economicista destructora de cultura« y que va aparejada con «la desaparición física de líderes indígenas» que son amenazados por grupos y «mafias de la minería».
Concretamente, Betancourt citó proyectos de «turismo sustentable y ecológico» que están siendo llevados adelante «por gente, que existe» y que permiten incorporar a sus chamanes, sus mujeres y sus costumbres en un sistema de economía emergente.
Describió una realidad en Amazonas que coincide con los informes que, sobre lo que sucede en Bolívar, ha realizado el Centro de Derechos Humanos de la UCAB sobre esclavitud moderna y que incluyen denuncias de explotación laboral y sexual de nativos de la región.
Escuchar el llamado del Papa Francisco
En su turno, el politólogo Arturo Peraza, quien fue vicerrector de la extensión de la UCAB Guayana hasta mayo de 2023, narró lo visto en un reciente viaje con propósitos académicos que lo llevó a San Martín de Turumbang, en la frontera entre Bolívar y Guyana.
Dijo que los indígenas informaron que han visto afectadas sus rutas ancestrales y la explotación de sus conucos porque fueron declaradas zonas de seguridad por las autoridades militares. Asimismo, describió envenenamiento de las aguas del río Yuruari.
Peraza indicó que el área afectada en Bolívar por la minería supera los 111.000 kilómetros cuadrados y que donde hay mayor daño ecológico es, precisamente, donde no se dieron concesiones.
Precisó el sacerdote jesuita que Venezuela es el país con mayor aceleración en la deforestación de la Amazonía y que en Bolívar superan el millón de hectáreas.
«Hace tres años eran 700 mil hectáreas y la proyección para dentro de tres años es que serán 1,5 millones».
Entre las irregularidades que el rector de la UCAB enumeró ante el público está la violación del derecho a la identidad de las comunidades indígenas, de modo que al no tener cédula de identidad no pueden acceder a otros beneficios y procesos para los que el documento es imprescindible.
A esto se suma -dijo- la negación del derecho a la demarcación de sus territorios, como lo establece la Constitución de 1999, además del desconocimiento de los límites que esas comunidades han aplicado por tradición.
Para transformar esa realidad, el padre Peraza planteó que la mejor manera es brindar acompañamiento a las comunidades indígenas y la Iglesia tiene allí un trabajo por hacer.
Dejó claro que no se trata de dejarle la tarea a la vicaría local, sino que «la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos puede hacerlo como misión colectiva y es una forma de responder a lo que el papa Francisco nos invita», enfatizó.