La Fiscalía General de la República y el Ministerio de Energía Eléctrica coordinaron acciones para actuar ante la proliferación de denuncias sobre desvalijamientos de empresas públicas en el país, informó el martes el Ministerio Público.
El fiscal general, Tarek William Saab, y el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, definieron un protocolo para el manejo y disposición final de «material estratégico», así como planes de apoyo jurídico para garantizar el comercio de bienes desincorporados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
«Hemos avanzado en un protocolo muy importante en la instalación de la mesa de trabajo para realizar planes de apoyo operativo y garantizar el buen desarrollo del comercio del material estratégico que es desincorporado», indicó, citado en un comunicado de prensa.
Saab alertó que serán sancionadas o penalizadas todas aquellas personas o grupos que pretendan destruir las instalaciones de Corpoelec, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Hidrocapital (hidrológica) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Destacó la importancia de establecer enlaces con la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip) para que le informe a su despacho sobre el procedimiento de la desincorporación de los bienes de Corpoelec.
Asimismo, expresó la necesidad de realizar inspecciones junto a Corpoelec, Sudebip y el Ministerio Público cada vez que se requiera.
«No tiene sentido que el material estratégico que está en buen estado aparezca encubierto en las fachadas de locales comerciales o galpones», señaló.
Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, indicó que es necesario simplificar los trámites para la devolución del «material estratégico» incautado, para que puedan ser reutilizados por Corpoelec.
Igualmente, resaltó la importancia del intercambio de información «en tiempo real» entre los organismos estatales, para tener en cuenta la «circulación y disposición final del material estratégico».
Por esto, planteó la necesidad de escribir manuales para conocer de estas actividades.
El pasado 24 de febrero, Saab informó que las autoridades venezolanas han detenido a 12.485 personas desde 2017 por robar y traficar con material estratégico obtenido tras el desmantelamiento de equipos e instalaciones de Pdvsa y empresas públicas de servicios.
En una declaración sin preguntas transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Saab detalló que, desde su llegada a la Fiscalía, en agosto de 2017, el Ministerio Público ha acusado a 5.564 personas por el «hurto de cables conductores de electricidad, material ferroso y tuberías».