La extesorera nacional y enfermera de Hugo Chávez Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anunció el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él.
Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados desde España, país del que también tiene la nacionalidad, en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero: ella de dos cargos y el de tres.
La enfermera de Chávez
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
La Fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
Esa es la cantidad que, según el juez Dimitrouleas, deberán restituir, además de pagar 150.000 dólares de multa entre los dos.
Pidió compasión
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la extesorera nacional de Venezuela pidió compasión al juez a la hora de imponerles sentencia y subrayó que le hubiera gustado «colaborar» con EE UU pero no pudo hacerlo por carecer de la información que le fue requerida.
Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban y no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, como sí hizo, por el contrario otro venezolano, extesorero nacional y sujeto a la justicia de EE UU, Alejandro Andrade Cedeño, involucrado en la trama de corrupción y sobornos que ellos.
Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EE UU después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por 1.000 millones de dólares.