La política venezolana ha entrado en una nueva dinámica dada la presión ejercida por Estados Unidos, la cual ha derivado en la posibilidad de que opositores al gobierno de Nicolás Maduro puedan solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que les sean eliminadas las inhabilitaciones que les impide postularse a las elecciones presidenciales de 2024 o a cualquier cargo público.
Esta acción exige a los opositores, entre ellos María Corina Machado, dirigirse hasta el Supremo y apelar a la decisión impuesta por la Contraloría General de la República (CGR). El plazo es hasta el 15 de diciembre. Aunque esto fue un acuerdo alcanzado por la denominada Plataforma Unitaria y el oficialismo —que se enfrentaba a más sanciones estadounidenses de no acceder—, no ha sido recibido con beneplácito.
Para el exdiputado Julio Borges, «el camino que se ha escogido no es el correcto». Borges cree que si las medidas fueron impuestas por la CGR, no tiene sentido que sea el TSJ el que ahora decida si quitarlas o no.
Esto demuestra que se trata de un tema de voluntad política y no legal. «Pareciera que más que una puerta, lo que se está abriendo es un laberinto, es decir, nos metemos en el Tribunal, que todo el mundo tiene dudas porque es una dependencia más de Maduro, cuando había caminos muy cortos que podrían resolver eso en horas. Maduro hace lo que le da la gana», expresó Borges en entrevista con El Tiempo.
Julio Borges. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE
Hasta ahora, ningún inhabilitado ha solicitado al TSJ la apelación. Entre los opositores con esta medida, algunas aplicadas por más de 15 años, están el excandidato presidencial Henrique Capriles, Freddy Superlano de Voluntad Popular y Machado, imposibilitada hasta 2026.
Pero Machado parece que hará caso omiso de los acuerdos alcanzados entre las partes, auspiciado por Noruega y presionado por la administración de Joe biden, el presidente de Estados Unidos.
«La írrita pretensión de inhabilitarme la gente la resolvió el 22 de octubre. Yo de eso no me ocupo. A lo que estoy dedicada es a construir esta fuerza que va a derrotar a Maduro», dijo la hasta ahora candidata de la oposición a las presidenciales.
Sin embargo, con un Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, es cuesta arriba presentarse con inhabilitaciones, la misma que Estados Unidos ha pedido sea levantada, pero que al parecer Machado no acudirá al TSJ.
Los candidatos «deberán acatar la decisión judicial» y abstenerse de ofender a los órganos estatales durante el proceso, dice el acuerdo de las partes, que fue divulgado por Noruega en las redes sociales. Pero no existen garantías.
«Maduro hará lo justo y necesario para cumplir con la condición de la administración Biden y asegurarse de que el alivio de las sanciones se extienda más allá del lapso inicial de seis meses», dijo a la agencia Bloomberg Ryan C. Berg, director del Programa Americano del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
«Para Maduro, es mejor sufrir una breve contradicción en su discurso que enfrentar algún tipo de sanciones en un contexto electoral», señaló.
Aún no está claro si Estados Unidos considerará que la oferta de Maduro es suficiente para evitar que se revoquen las licencias, ya que todavía hay casi 300 presos políticos y al menos tres estadounidenses detenidos en el país, y esa es otra de las peticiones de Washington: liberar a los detenidos a cambio de levantamiento de sanciones.
Tras el anuncio de la posibilidad de levantar las inhabilitaciones, hubo una celebración por parte de Estados Unidos, pero de inmediato advirtieron que estaban listos para reimponer medidas si no había liberaciones.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP
Para el exdiputado Borges, lo más probable es que el TSJ diga que no se pueden levantar las inhabilitaciones debido a la «independencia de poderes» y por ende la oposición siga sin salida. Además, insiste en que la liberación de los presos es algo que Maduro puede ordenar y de inmediato se ejecutaría la orden.
Si Machado no acude al TSJ, claramente el gobierno dirá que sigue su inhabilitación. «Habrá que ver qué estrategia usará Estados Unidos rente a eso, porque se puede apelar al principio de no injerencia», explica Miguel Bustillos, analista y consultor político.
Para el experto, si Caracas está dando la opción a los opositores de acudir al supremo y estos no van, «¿qué peticiones puede hacer la administración Biden? Es un dilema que abre muchas posibilidades».
El alivio de sanciones
A diferencia de octubre, cuando Estados Unidos dio como plazo el 30 de noviembre para que el gobierno de Venezuela ejerciera acciones las medidas de inhabilitaciones y liberara presos, luego del anuncio no ha habido nuevos plazos, pero sí advertencias: la de reimponer sanciones.
Hasta ahora, se otorgaron cuatro licencias a Petróleos de Venezuela y Minerven para comenzar operaciones con hidrocarburos y minerales. Esto ha derivado en visitas de ejecutivos petroleros interesados en conversar con Caracas en un intento por asegurar el acceso a campos de petróleo.
De concretarse, se generarían nuevos contratos, pero también Venezuela saldaría deudas con algunas de estas compañías.
En menos de un mes, este alivio de sanciones ha mejorado el flujo de caja del vecino país, así como la posibilidad de estabilizar la economía para 2024, sin embargo, todo dependerá de qué tan dispuesto esté el chavismo de dar más muestras a Washington y cuáles sean las nuevas acciones de la oposición.
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