Una niña de 13 años de edad que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera voluntaria, un embarazo de 12 semanas y encendió el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela. La Justicia encarceló a la mujer que la ayudó y dejó libre al agresor por falta de pruebas.
El caso despertó indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el aborto. La mujer estuvo tres meses tras las rejas y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años de cárcel.
El tema es tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales. Allí las reacciones más extremas no se hicieron esperar.
Pero si un embarazo en una niña de 13 años de edad siempre arrastra unos inconvenientes inevitables por la inmadurez, en Venezuela, se agravan, a consecuencia de las condiciones de vida en el país.
Si la menor de edad hubiera pertenecido a una familia con posibilidades económicas, ¿hubiera ocurrido lo mismo? ¿Habría abortado de esta forma o se hubieran buscado otras opciones en manos de especialistas? Y, lo que no deja de ser igual de importante: ¿hubiese existido denuncia? ¿Se habría conocido la noticia o quedaría en la intimidad?
Una niña abusada
La niña, cuya identidad permanece oculta, fue víctima de violación en reiteradas ocasiones por parte de un hombre de 52 años de edad que vivía en la misma favela, ubicada en Mérida.
La menor quedó embarazada y no fue hasta los tres meses de gestación que consiguió una pastilla para interrumpir la gravidez. Allí entra en escena Rosales, una educadora a la que la niña y su madre conocían desde hace años, el tiempo que lleva dedicada al trabajo social en comunidades pobres.
La docente, por solicitud de la madre de la víctima, les entregó el abortivo y este fue ingerido, a principios de octubre, por la niña, que sufrió un sangrado propio del caso. La pequeña terminó en un hospital público, en el que le practicaron un legrado.
La madre de la niña, que entonces acudió a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida y acusada de asistir un aborto. La excarcelaron 22 días después.
Aún hospitalizada, la niña tuvo que declarar. Contó que su profesora le había provisto el medicamento, un testimonio que sirvió para encarcelar a la activista durante 90 días pero no para mantener tras las rejas al agresor. Detuvieron al hombre pero lo pusieron en libertad en menos de 48 horas, pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.
Abortar, peor que violar
Rosales se enfrenta a los cargos por asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento, una de las causales que establece la legislación de Venezuela para castigar la interrupción del embarazo, un escenario prohibido hasta cuando hay inviabilidad del feto o la preñez es producto de una violación.
Las autoridades acusan a la activista de cobrar por el suministro de la pastilla y por supuestamente poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, una aseveración que la defensa niega.
«Vanesa tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ella nunca cobró por nada», dice a Efe Venus Faddoul, abogada defensora de la docente. El equipo legal asegura que, según una revisión médica, el feto estaba condenado a morir pues la niña no tenía el útero desarrollado.
La interrupción del embarazo no se aplicó en el hospital el día que la menor de edad se hizo un chequeo médico, explica la jurista. Las leyes prohíben estos procedimientos y, aunque se realizan algunos de manera soterrada, la depauperación de los nosocomios públicos y la pandemia de covid-19 jugaban en contra de la niña.
Así, prosigue Faddoul, la víctima, que vive en pobreza extrema, fue revictimizada al negársele el derecho a la salud.
Un caso que enciende
Aunque detuvieron a la docente el 12 de octubre de 2020, no fue hasta este enero que su caso resonó en lo más alto. Decenas de organizaciones de derechos humanos y personalidades, algunas ligadas al régimen, pidiendo su inmediata excarcelación.
«Este es el punto de quiebre para poner a juro (a la fuerza) el tema de la despenalización del aborto en Venezuela. Nunca lo han dejado poner por más esfuerzos que ha hecho el movimiento feminista», señala Faddoul, quien se dice convencida a no bajar la guardia.
La lucha, sostiene, pretende lograr que el país despenalice, al menos, las tres causales humanitarias para la interrupción voluntaria del embarazo: por violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre.
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