Amnistía Internacional (AI) envió este jueves una carta al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en la que lo insta a proteger los derechos de los menores de edad, tras la polémica deportación de 16 niños venezolanos, que permanecieron casi 2 días en el mar.
Los menores de edad, entre ellos un bebé de 4 meses, fueron deportados en condiciones que todavía no se han aclarado por las autoridades trinitenses, tras lo que estuvieron casi 48 horas perdidos en el mar hasta que sus familiares los localizaron y fueron devueltos a Trinidad y Tobago.
«Creemos que el regreso le da a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad para mantener sus obligaciones domésticas e internacionales para proteger los derechos de los niños y proveer de protección internacional a aquellas personas que buscan seguridad entre el peligro», dice la misiva de AI, a la que se sumaron otras 16 organizaciones.
Piden al gobierno de la república isleña que «reúna de inmediato» a los menores de edad con sus familias, «garantice su derecho al asilo» y determine si fueron víctimas del tráfico de personas.
También insta a Trinidad y Tobago a que los niños tengan atención médica, tal como «debían haber hecho la primera vez que fueron identificados», antes de ser deportados.
Explican que, según información recogida inicialmente, algunos de los menores de edad tienen parientes que ya han sido registrados en Trinidad y Tobago con la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).
Trinidad y Tobago deberá garantizar el asilo a los niños
Eso hace «incluso más necesario para las autoridades garantizarles el acceso a los procedimientos de asilo, de acuerdo con las obligaciones del país» bajo la legislación internacional.
La misiva añade que, según varios informes a los que han tenido acceso, al menos 50 menores de edad han sido deportados este año, pese a que Trinidad y Tobago es signatario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que «requiere a los países que actúen en el mejor interés de los menores de edad y se abstengan de detenerlos.
Además, recuerdan, la convención prohíbe las deportaciones en situaciones en las que afronten peligro o maltrato, como presumiblemente era el caso de los 16 menores de edad.
En ese sentido, las organizaciones afirman que el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Richard Young, insinuó que los menores de edad podrían haber sido víctimas de tráfico de personas.
«Esta es una razón aún mayor para que los menores y adultos sean protegidos y se determine si han sido víctimas de tráfico de personas», manifiestan.
Recuerdan que Trinidad y Tobago tiene obligación, bajo su propia ley contra el de tráfico de personas, de identificar a las posibles víctimas y garantizarles protección y reparación.
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