La Contraloría General de la República no informa oficialmente sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela desde el 2016, dijo el periodista Eugenio Martínez, especializado en la fuente electoral.
“Dejó de informar públicamente los ciudadanos que están inhabilitados, la causa y los momentos en que finaliza esa inhabilitación”, señaló Martínez en entrevista con la periodista Shirley Varnagy, del Circuito Éxitos.
Por la información pública que existe, indicó, se sabe que Henrique Capriles Radonski y Juan Guaidó tienen activas sus inhabilitaciones, por lo que no pudiesen postularse ante el Consejo Nacional Electoral para unas eventuales presidenciales.
La Contraloría tampoco informa al CNE
En el caso de María Corina Machado es diferente, afirmó el experto.
“La información pública que hay sobre el caso de María Corina Machado es que ella tenía una inhabilitación de un año y se venció en el 2017. ¿Esto significa que María Corina pudiese postularse ante el CNE? Tampoco pudiese porque la Contraloría no le ha informado al CNE que su inhabilitación finalizó. Ese no es un proceso automático”, señaló.
Y explicó: “Esto significa que si María Corina Machado fuese en este momento al CNE a inscribirse o si entra al sistema automatizado del CNE, el sistema la rechazaría como candidata porque sigue apareciendo el llamado Código 8, que se le impone a las personas que tienen algún tipo de restricción para postularse a cargo de elección popular”.
Martínez manifestó que en casos como los de Carlos Prosperi o Delsa Solórzano no se ha dicho formalmente si están inhabilitados, aunque puede presumirse porque forman parte de la Asamblea Nacional electa en 2015.
“Es complicado suponer”
“Se pudiese suponer que van a llegar a una suerte similar a la de Juan Guaidó, así que es complicado poder suponer y decir quien está realmente habilitado a participar mientras la Contraloría General de la República no ofrezca información concreta sobre estos temas”, agregó el experto.
Recordó que entre las principales recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea está poner fin a la discrecionalidad de las autoridades para inhabilitar o aprobar la participación política de ciudadanos.
“Uno pudiese suponer que Manuel Rosales, como es gobernador, no está inhabilitado; pero en el caso de la elección del 2021, en el caso de Freddy Superlano y su esposa, demuestra que esa inhabilitación puede estar errónea por la forma en la que actuó la Contraloría General de la República”, dijo.
Martínez afirmó que una persona solo pudiese perder su derecho a postularse o a ser electa para cargos de elección popular si hay una sentencia definitivamente firme en su contra por algún tipo de delito.