La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela celebra el Mes del Orgullo aplaudiendo su crecimiento y visualización dentro de la sociedad, pero también reiterando sus denuncias por la falta de avances por parte del Estado para garantizar sus derechos. Mientras que en otros países de Suramérica desde hace años se ha trabajado en leyes que condenan la discriminación o permiten el matrimonio igualitario, el gobierno nacional se ha convertido en el principal victimario de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género, pese que la inclusión suele formar parte de su narrativa política.
«La mayoría de los países de América (a excepción de Paraguay y Bolivia) tiene como mínimo una ley que protege contra la discrminación y también tiene algún tipo de legislación que protege la identidad de las personas trans. Mientras, nosotros seguimos con esa deuda: no tenemos protección para las parejas del mismo sexo, las personas trans no pueden cambiar su nombre y no tenemos ninguna protección legal contra cualquier tipo de discriminación. Entonces, en ese aspecto en Venezuela no hemos logrado ningún cambio favorable para las personas de la comunidad”, dijo Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa.
Durante años, el Estado ha promovido un discurso de aceptación para la comunidad LGBTIQ+, pero no se han concretado logros significativos que se traduzcan en una mejor calidad de vida. Temas como el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo o la protección de la identidad para las personas trans se han convertido en promesas vacías.
Franco explicó que si bien se ha logrado la aprobación de una que otra sentencia legal en favor de la comunidad, la deuda por parte del Estado para garantizar sus derechos sigue siendo muy grande.
En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó una sentencia que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, es decir, no se prohíben ni condenan las relaciones entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, al día de hoy sigue pendiente por parte de la Asamblea Nacional una legislación sobre este tema, tal y como lo dictó esa sentencia.
Un año antes, la sentencia 1187 reconoció el derecho de los niños nacidos y criados en familias conformadas por parejas del mismo sexo y, además, se aclaró el artículo 75 de la Constitución que establece que el concepto de familia es muy amplio. El problema está en que sin aprobación del matrimonio igualitario, estas familias siguen quedando en un limbo legal.
El Estado también creó la Defensoría Especial para personas LGBTIQ+ y la Fiscalía para personas LGBTIQ+, instituciones que hasta el momento no han demostrado que existen, que tienen recursos y personal calificado. «Son entes que se convierten en un cascarón vacío que el gobierno utiliza para hacer propaganda», señaló Franco.
Yendri Velasquéz, activista de derechos humanos y coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, destacó que dentro de estas instituciones hay fiscales y defensores regionales que no saben de la existencia de dichos espacios, lo que limita la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y discriminación por homofobia.
«Es necesario que en Venezuela se aprueben leyes que penalicen la homofobia, la disfobia y cualquier tipo de discriminación. Además, también es necesario políticas públicas. Programas que sensibilicen y que estén orientados a la prevención, no solo con una mirada de castigar lo que pasa, sino también de prevenir y evitar que cualquier persona sea víctima de violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género», añadió.
Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+| Foto: Jesús Navas
Franco indicó que la ausencia de leyes que protejan a la comunidad LGBTIQ+ y la falta de estadísticas sobre las problemáticas que enfrentan día a día representa una negación de los derechos fundamentales por parte del Estado.
«Quienes hoy están en el poder utilizan el discurso de la inclusión para quedar bien ante la comunidad internacional como un Estado que respeta los derechos humanos. Mientras que actores políticos de la oposición nos utilizan para venderse al pueblo como más democráticos e inclusivos, pero cuando han ocupado cargos tampoco han hecho nada para mejorar la situación, a excepción de algunos», comentó Velásquez.
Este año también se aprobó la derogación de un polémico artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad dentro de la Fuerza Armada Nacional, lo que fue considerado una pequeña victoria para el movimiento LGBTIQ+ en Venezuela.
Discriminación y violencia contra la comunidad LGBTIQ+
De acuerdo con un informe elaborado por Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico, «la apertura social de los venezolanos frente al desenvolvimiento de la diversidad sexual e identidades de género no se ha desarrollado totalmente, persistiendo aún elementos de incomprensión y rechazo, que en muchos casos implican episodios de discriminación y violencia, perjudicando a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, simplemente por el hecho de pertenecer a la misma».
Para gran parte de la sociedad venezolana, cualquier orientación distinta a la mayoritaria (lesbianas y gays) suelen ser consideradas como tendencias desviadas, incorrectas o no aceptables, lo cual deriva en tratos despectivos y discriminatorios.
«Esto aplica igualmente a aquellas personas que no se comportan con los patrones de género predominantes en la sociedad, por ejemplo, hombres afeminados o mujeres masculinizadas, así como aquellas personas que se identifican con un género distinto a su sexo de nacimiento, como las personas trans o no binarias», indicó el estudio titulado Percepción social sobre la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, realizado con datos recabados en 2022.
En octubre del año pasado, la ONG Unión Afirmativa y la plataforma Hum Venezuela publicaron el informe Ser LGBT en Venezuela: información y datos para el nexo acción humanitaria, desarrollo y paz, el cual reseñó que más de 48% de los entrevistados fue víctima de algún episodio de abuso o violencia por parte de un funcionario o funcionaria policial y/o militar, algún familiar, compañeros de trabajo o alguien de su comunidad. 72,7% de los consultados admitió que no denunció su caso.
La discriminación fue otro elemento objeto de estudio: 76,9% de las personas encuestadas señaló que han sido objeto de actos de discriminación por ser una persona de la comunidad LGBTIQ+.
Aunque es difícil determinar datos precisos sobre los crímenes de odio en el país, pues no todos los casos son denunciados ni abordados por los medios de comunicación, en 2021 las organizaciones de derechos humanos documentaron 21 asesinatos y más de 100 crímenes de odio en Venezuela.
Velásquez indicó que Observatorio de Violencia LGBTIQ+ registró otros 11 asesinatos en el año 2022. «Según información recopilada en 2022 y en el primer cuatrimestre de 2023, hemos encontrado que lo más común es la limitación y prohibición al momento de estar en espacios públicos o de entretenimiento. Los principales agresores en esos casos son los funcionarios de seguridad, tanto públicos como privados. Es un problema que viene acompañado de mucha humillación pública e incluso violencia», indicó el activista.
Personas trans son más vulnerables
Las personas trans en Venezuela tienen menos oportunidades que el resto de la comunidad, según el estudio de Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico.
El informe reveló que la mayoría de la población venezolana está abierta a la inclusión de gays, lesbianas y bisexuales, pero excluyen a las personas trans en determinadas áreas laborales y sociales del país.
83% de los venezolanos encuestados expresó estar de acuerdo con que las personas trans se dediquen al estilismo y peluquería, evidenciando la discriminación, enquistada en la sociedad y la poca comprensión sobre la identidad de género.
«Dentro de la comunidad hay grupos que son más vulnerables, como es el caso de las personas trans y específicamente las mujeres trans. Son vulnerables, en primer lugar porque el Estado no reconoce sus derechos, y segundo porque son mucho más visibles. Esto las expone a violencia callejera, familiar, en espacios educativos, laborales, de salud», señaló Velásquez.
El gran problema que sufren las personas trans en Venezuela es la falta de identidad por la negativa de las instituciones del Estado de aprobar el cambio de nombre, pese a que es un derecho contemplado en el artículo 146 de la Ley orgánica del Registro Civil.
Prissila Solórzano, miembro de la organización Caleidoscopio Humano y activista LGBTQ+, denunció que al no contar con documentos de identidad que correspondan con su expresión de género se ven limitados en muchos aspectos sociales como el acceso al trabajo, la educación o la salud.
«Estamos invisibilizados y condenados a una vida marginal y de desigualdad. A las personas trans no se les da la oportunidad de desenvolverse en la vida social como a cualquier otra. Las personas creen que porque decidimos enfrentarnos a una sociedad machista eso nos hace diferentes a los demás seres humanos, y eso no es así», manifestó la defensora de los derechos humanos.
Solórzano también destacó que el personal que labora en espacios públicos y privados en el país no está educado ni sensibilizado sobre el tema de la orientación sexual, la identidad o expresión de género, lo que les impide brindar un trato correcto, especialmente a las personas trans.
«Muchas veces no solo atacan a las personas por desconocimiento, sino también por burla y discriminación. El desconocimiento se puede entender, e incluso siempre estamos abiertos a que nos pregunten cómo quieren que nos llamen, pero siempre y cuando se haga desde el respeto. Esto te hace sentir comprendido y aceptado, aun cuando por cuestiones de Estado no podamos tener la documentación adecuada», indicó.
La activista reclamó que se han dado casos en los que las personas trans son obligadas a transformar su físico para que se adecue al género de nacimiento cuando van a solicitar algún documento de identidad, bien sea la cédula o el pasaporte.
Sobre este punto, la coordinadora de Unión Afirmativa recordó que para 2017, cuando todavía estaba en el país como fiscal general Luisa Ortega Díaz, se dio un acuerdo entre la Fiscalía, la Defensoría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las personas trans pudiesen sacar sus documentos (cédula de identidad y pasaporte) sin que se les obligara a lucir físicamente con el sexo asignado al nacer. «Para ese año, debido a la crisis que ya estaba instalada en Venezuela, muchas personas trans comenzaron a migrar y muchas personas no recuerdan que ese acuerdo se dio», señaló.
El año pasado, tras una serie de manifestaciones por parte de las personas trans, se aceptó un acuerdo en el que el CNE se comprometió a aplicar el cambio de nombre por medio de un protocolo que comenzaría con una lista de 10 personas, que serviría como ejemplo para adecuar el procedimiento. Esto nunca avanzó.
«El gobierno juega al cansancio porque sabe que este tipo de lucha agota y se van apagando. No ha habido avances en el tema de la identidad de las personas trans sino una manipulación por parte del Estado», añadió Franco.
Mayor visibilización de la comunidad LGBTIQ+
Ante la falta de garantías del gobierno, muchas organizaciones no gubernamentales se han dado a la tarea durante los últimos años de realizar un importante trabajo social para visibilizar la problemática a la que se enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género.
Karina Montilla, miembro de la ONG Joven Pride, señaló que gracias a la labor de muchas organizaciones se ha logrado más sensibilización por parte de la sociedad y se ha conseguido debatir sobre el tema. Sin embargo, hay sectores que frenan los avances.
“Venezuela está atrasada en la agenda LGBTIQ+ en todos los sentidos, desde el Estado hasta la sociedad, donde si bien se han visto avances, también se ha levantado un gran movimiento religioso en contra. La religión es lo que utilizan para validar estos argumentos desde el prejuicio, ignorancia y miedo», señaló.
Karina Montilla, miembro de la ONG Joven Pride| Foto: Jesús Navas
Montilla indicó que gran cantidad de representantes que pertenecen a iglesias pentecostales dentro de la Asamblea Nacional han frenado discusiones con respecto a las leyes que podrían proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Sobre la reciente inclusión de más personajes de la comunidad en el mundo de entretenimiento (cine, televisión, teatro), los activistas coincidieron en que si bien esto no se traduce en el reconocimiento de derechos, sí contribuye a la visibilización de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidad o expresiones de género como seres humanos comunes y corrientes.
«Esto tiene un impacto positivo en la descriminalización de la sociedad. Esto nos ayuda a visibilizar lo que es normal, los romances entre el mismo sexo, las personas trans. Pero la visibilidad sola no rompe con la discriminación porque es un sistema que está instaurado. Esto debe ir acompañado de políticas públicas, leyes, trabajo mancomunado entre la sociedad civil y el Estado para romper con los prejuicios que siguen allí en el imaginario colectivo», añadió el coordinador del Observatorio de Violencia.
“Solo queremos los mismos derechos”
Solórzono aseguró que la población LGBTIQ+ en Venezuela está creciendo y se está formando, lo que consideró muy valioso porque contribuye a la lucha por lograr el reconocimiento de sus derechos.
«Solo queremos tener los mismos derechos que los demás. Tener el mismo respeto. Poder desenvolvernos en la sociedad. Tener una orientación sexual, identidad o expresión de género diferente no es una enfermedad. No es un covid-19 que se puede contagiar. No es posible que solamente por querer exigir nuestros derechos se nos acuse de querer corromper a la sociedad», manifestó la activista de Caleidoscopio Humano.
Velásquez hizo un llamado a quienes estén dirigiendo universidades, oficinas, empresas, entre otras instituciones, a que revisen si existen políticas internas con espacios seguros donde se respete la diversidad.
«En el hogar también hay que preguntarse qué se está haciendo para deconstruir los prejuicios. Si queremos construir una sociedad en paz, diversa, donde todos tengamos el mismo valor, tenemos que empezar por aprender a apreciar la diversidad», agregó.
Mantilla, de Joven Pride, puntualizó que no espera que la sociedad los entienda, pero sí que los comprenda y respete.
@ErikaHDelaR
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