La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este martes a Venezuela a «garantizar el derecho al voto de connacionales que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio» ante las presidenciales de julio.
En un comunicado, la CIDH expresó su «preocupación por los impedimentos que enfrentan las personas venezolanas que residen en el exterior para inscribirse en el registro electoral» debido a su estatus migratorio.
«Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia», denuncia la Comisión, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los consulados venezolanos, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), exigen una visa de residente como única prueba para la inscripción en el registro electoral.
Muchos no la tienen porque no han regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación diferente, como el permiso por protección temporal en Colombia, el permiso temporal de permanencia en Perú, la visa de residencia temporal de excepción en Ecuador o la residencia temporal en Chile.
Al menos 7,7 millones de personas «han salido forzosamente del país desde el 2015» debido a «la grave crisis de derechos humanos» y aunque se desconoce cuántas de ellas tienen más de 18 años algunas organizaciones calculan que unos 5,5 millones estarían habilitadas para votar, explica la Comisión.
Garantizar derecho al voto
Exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el registro electoral «es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial», insiste la CIDH.
«Considerar inhabilitadas a votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración pues, en la práctica, equipara a quienes salieron del país con personas condenadas por delitos», señala.
La CIDH urge al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar «las medidas necesarias» para que estos venezolanos puedan «votar en condiciones de igualdad con los demás nacionales» y «restablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos».
La oposición acusa a Maduro de «persecución política».
El gobierno venezolano acusa a la oposición de tramar presuntos planes conspirativos contra Maduro, que se enfrentará en las urnas al diplomático Edmundo González Urrutia.
Este último sustituye a la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada por la Contraloría oficialista.