La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación ante «las acciones arbitrarias» y «los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela» contra personas LGBTI, por lo que urgió al país a «abstenerse de criminalizar» a este colectivo.
«La comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. Además, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito», dijo la CIDH.
El comunicado, difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), recuerda la reciente detención de 33 hombres durante un operativo policial en un local privado frecuentado por personas LGBTI en el estado de Carabobo, los cuales ya fueron excarcelados, «bajo régimen de presencia en los juzgados».
«Pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual», señaló la comisión.
Esto, prosiguió, ocurre en un contexto en el que las «personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado», con base en «prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas».
«La CIDH recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos», aseguró.
La comisión también instó a las autoridades a «abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia».
El pasado viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público solicitará el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres, mientras que a los otros tres, a los que identificó como los dueños del local, «se les van a seguir las investigaciones».
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