La Casa Blanca rechazó las acusaciones de haber incumplido una orden judicial que suspendía las deportaciones de venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua hacia El Salvador.
El gobierno de Donald Trump defendió sus acciones y aseguró que la orden del juez federal James Boasberg se emitió después de que los migrantes ya estaban fuera del territorio estadounidense.
El sábado, Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones y ordenó que cualquier vuelo en curso con migrantes a bordo regresara a Estados Unidos. No obstante, la administración republicana anunció el domingo que 250 deportados ya estaban bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó en un comunicado que la administración no había desobedecido ninguna orden judicial, publicó CNN. Según, la decisión judicial carecía de fundamento legal y se emitió después de que los presuntos criminales abandonaron Estados Unidos.
Foto: Presidencia de El Salvador / AFP
La funcionaria también criticó la posibilidad de que un solo juez intente revertir una medida presidencial sobre seguridad nacional.
Los venezolanos deportados a El Salvador «eran malas personas»
Durante su regreso a Washington, el presidente Trump evitó responder directamente si su gobierno ignoró la orden del juez y declaró que los deportados eran «malas personas». Sugirió que cualquier duda sobre el proceso legal debían aclararlas los abogados de su administración.
Grupos de derechos civiles solicitaron una aclaración inmediata del juez Boasberg sobre la conducta de los funcionarios federales en relación con la orden judicial. Exigen conocer el momento exacto en el que despegaron los vuelos, si se ejecutaron después de la decisión del juez y en qué circunstancias se entregaron los migrantes a El Salvador.
Foto: Presidencia de El Salvador / AFP
Los venezolanos, y también algunos miembros de la Mara Salvatrucha, fueron deportado de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta legislación, que data de 1798, se ha utilizado en el pasado en tiempos de guerra y en episodios polémicos de la historia estadounidense, como el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Críticos argumentan que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que el Congreso no ha declarado un conflicto que justifique la aplicación de esta ley, de acuerdo con la cadena de noticias.
Foto: Presidencia de El Salvador / EFE
El senador republicano Mike Rounds expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con la ley, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio defendió la medida y aseguró que los deportados están retenidos en cárceles salvadoreñas con financiamiento estadounidense.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre la identidad de los deportados genera temores de que personas sin vínculos con organizaciones criminales puedan haber sido expulsadas sin garantías legales.
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— Reporte Ya (@ReporteYa) March 17, 2025