En Colombia no se hizo público el operativo. Pero, hace un par de semanas, bajo absoluto hermetismo, agentes de la Interpol capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a un colombo-venezolano que tiene nerviosa a parte de la clase política de Venezuela.
En Cúcuta se movía como un próspero empresario avícola, cabeza de la Comercializadora Rior S.A.S. Además, figura como directivo de dos empresas en Panamá: Green Rental Cars S. A. y Panaven Travel Agency Inversiones de Capital.
Pero sus huellas dactilares confirmaron que en realidad se trata de Richard Rodolfo Ramírez Green, un señalado narcotraficante con circular roja de la Interpol, con nexos tanto con la mafia colombiana como con políticos corruptos cercanos al chavismo.
A pesar de que mostró una cédula colombiana para intentar salir de Bogotá, una alerta de Migración Colombia disparó las alarmas y derrumbó su coartada.
La narcopolítica
Autoridades colombianas les informaron a las de Venezuela la captura de Ramírez Green, de 56 años, quien es procesado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
“Tengo a bien dirigirme a ustedes, en la oportunidad de enviarle un saludo bolivariano y revolucionario y a su vez hacer referencia a la detención con fines de extradición, en fecha 8 de octubre de 2022, del ciudadano Richard Rodolfo Ramírez Green”, se lee en un mensaje que la Cancillería de Colombia le envió a Venezuela.
El Tiempo estableció que el hombre permanece confinado en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de que se concrete su envío a Caracas, que, al parecer, no les convendría a un puñado de funcionarios venezolanos.
Este diario tuvo acceso a su expediente y en este consta que Ramírez Green ya había sido condenado a 8 años de prisión. Todo indica que pagó su sentencia, saltó a Colombia (donde contrajo matrimonio) y habría seguido delinquiendo desde Cúcuta.
Lo que se sabe es que, desde este lado de la frontera, venía coordinando el envío de embarques de cocaína que llegaban hasta Caracas, con la tolerancia y complicidad de políticos de alto nivel. Y luego, los alijos eran enviados en narcovuelos hacia Centroamérica, con destino final Estados Unidos y Europa. Por eso, Ramírez Green es procesado como “director en el tráfico de drogas y asociación para delinquir”.
Los diputados y las llamadas
El Comando Nacional Antidrogas de Venezuela y la Fiscalía tienen comprometedoras interceptaciones telefónicas que vinculan al capturado con la diputada por el estado Apure Jeycar Saraith Pérez Gómez, del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA).
La diputada fue elegida para el periodo 2021-2026 con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, la mujer hacía parte de la comisión especial para la atención y defensa de las fronteras.
Las escuchas fueron suficientes para ordenar, el 6 de enero pasado, la captura de la diputada, quien estaba siendo investigada desde septiembre de 2020 por sus presuntos vínculos con la red de narcopolíticos.
La sorpresa es que Pérez fue capturada en momentos en que se transportaba en la misma camioneta 4×4 en la que hizo su campaña política. Pero esta vez no llevaba propaganda electoral sino 336 panelas de cocaína de alta pureza escondidas.
Luego se supo que la diputada estuvo casada con Ramírez Green. Además, que habría entregado información relevante para capturar a otros dos diputados y a una alcaldesa, también chavistas.
El mafioso y los alcaldes
Según las investigaciones, Ramírez Green le encomendó a un hombre, identificado como Víctor Julio Cano Páez (señalado narco colombiano), reclutar a funcionarios venezolanos para facilitar el tráfico de estupefacientes por el país.
Una de ellas sería Keyrineth Fernández Epieyu, la entonces alcaldesa del municipio Jesús María Semprún (estado Zulia), y otra, la diputada por ese mismo estado, Tania González, ambas del PSUV.
Las dos fueron capturadas y señaladas de transportar droga por la “ruta segura” que conecta los estados Zulia y Falcón.
Otro diputado capturado fue Luis Viloria Chirino, quien llegó al Parlamento apoyado por Primero Venezuela, también vinculado al oficialismo.
Sobre el señalado mafioso colombiano se sabe que fue capturado en La Guaira, a finales de 2021. Él y otras seis personas venían manejando desde San Cristóbal (estado Táchira) tres camionetas donde transportaban 368 kilos de cocaína.
“Faltan más”
Y si bien estas capturas han sido recibidas como una señal de la lucha contra el narcotráfico, expertos aseguran que han sido selectivas y que hay funcionarios de mayor rango que siguen involucrados con el tráfico de cocaína desde Colombia.
“En Venezuela se sabe que hay muchos funcionarios civiles, militares y policiales ligados a temas del narcotráfico, corrupción y otros delitos, por lo que es curioso que solo se hayan enfocado en pocas personas”, le dijo a El Tiempo Luis Izquiel, abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.
Y agregó que los operativos contra esta red, desarrollados dentro de la estrategia de seguridad Mano de Hierro, fueron “selectivos” y se frenaron hace meses.
El Tiempo buscó a voceros de los partidos de los políticos capturados, para conocer su versión sobre estos señalamientos, pero no respondieron. Tampoco se quiso pronunciar la Fiscalía venezolana.
ELN y la cocaína que llega a Venezuela
Dentro de este caso se indaga si Keyrineth Fernández Epieyu habría sido apoyada por el ELN para llegar a la alcaldía de un municipio del estado Zulia, que, según políticos opositores, se ha convertido en una especie de bastión de esa guerrilla en Venezuela.
Tras la captura de la mandataria, las calles del municipio se llenaron de indígenas que protestaron para exigir su liberación. Fuentes dijeron a este medio que presuntamente la manifestación fue financiada por el ELN, que se presenta en la zona como “comunidad campesina”.
Precisamente en octubre de 2021, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó en ese municipio un campamento con ocho laboratorios, un campamento de producción de pasta base. Además, erradicaron 32 hectáreas de coca y destruyeron cinco pistas.
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