La Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad un acuerdo que instruye enviar una carta de protesta al gobierno de Trinidad y Tobago, «por su actitud de complicidad ante la muerte de los refugiados y migrantes venezolanos e instar a la Comisión Permanente de Política Exterior a iniciar una investigación sobre ese suceso acaecido para determinar las responsabilidades».
El documento ratifica los tres días de luto decretados por el presidente encargado, Juan Guaidó, y expresa un sentido pésame y solidaridad a los familiares de la victimas que perdieron la vida al intentar cruzar el mar hacia Trinidad y Tobago, donde las autoridades de ese país, persisten en seguir actuando al margen del principio de No Devolución y de los compromisos internacionales para migrantes y refugiados.
El acuerdo exhorta a las instancias internacionales y los gobiernos del mundo a ejercer más presión para que el gobierno de Trinidad y Tobago, deje de seguir violando los derechos humanos a los migrantes y refugiados venezolanos.
Presión a Trinidad y Tobago
David Smolansky, comisionado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, pidió abrir una investigación exhaustiva de lo que ocurre en el estado Sucre y Delta Amacuro concerniente a las mafias de tratas y tráfico de personas, contrabando, y narcotráfico que involucra a cuerpos de seguridad del régimen y bandas delictivas.
“Perversamente estas bandas delincuencias se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas para traficarlas específicamente, mujeres menores de edad, por no tener comida y medicinas. Esto no puede seguir pasando y siendo ignorado por la comunidad internacional”, aseveró
El diputado Robert Alcalá, instó a la ONU, Acnur, OEA y los países del mundo a ejercer más presión para que el gobierno de Trinidad para que cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria.
Recordó que hay cientos de venezolanos presos en jaulas sin haber cometido ningún delito.
Alcalá destacó que en Sucre, Delta Amacuro y Falcón que funcionarios militares, policiales y civiles permiten zarpes ilegales que tienen un costo de 300 dólares por persona hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe.
La diputada Manuela Bolívar aseguró que existe complicidad criminal entre las autoridades del gobierno de Trinidad y Tobago y el régimen de Maduro.