La Asamblea Nacional aprobó este martes, en sesión virtual, un acuerdo en defensa del derecho a la educación. Rechazó la culminación del período académico 2019-2020 a distancia, como anunció el régimen de Nicolás Maduro por la pandemia del covid-19.
El Legislativo resaltó que este anunció se realizó sin considerar modificaciones en el calendario escolar, sin consultar a docentes y sus gremios, a los padres y representantes, estudiantes y sus organizaciones civiles, para garantizar el derecho a la educación.
El acuerdo, presentado por la diputada Bolivia Suárez, presidente de la subcomisión de Educación, refleja la crítica situación del sistema educativo.
Mencionó el deterioro acelerado de la calidad de la educación, especialmente en los planteles oficiales. El mismo, señala que se evidencia en la infraestructura escolar, los servicios de agua, gas, electricidad, transporte, seguridad y alimentación. «Los servicios públicos escasean y en muchas instituciones han desaparecido sin que el Estado responda oportuna y eficazmente», agregó.
Reconocimiento
Mediante este documento, el Parlamento hace un reconocimiento a los profesionales de la docencia, en «cuyos hombros ha recaído en mayor medida la garantía del derecho a la educación».
El Legislativo propuso consultar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a las escuelas de Educación de las universidades nacionales y privadas, a las federaciones sindicales y organizaciones civiles de docentes, estudiantes, padres y representantes del sector educativo, a los fines de diseñar y articular un plan de apoyo inmediato a la educación básica en sus distintos niveles y modalidades.
Exhortó igualmente, a la comunidad educativa nacional a exigir la garantía del disfrute pleno del derecho a la educación de millones de niños y jóvenes.
Los parlamentarios exigieron que el Programa de Alimentación Escolar responda a las necesidades de la población escolar, mediante los representantes de cada comunidad educativa. Consideraron, además, que este plan de alimentación no debe ser gestionado «por actores político-partidistas que promueven la discriminación y exclusión en poblaciones vulnerables».
Ratificaron el respaldo del Parlamento y de la presidencia interina en la lucha por la defensa de la educación y las reivindicaciones laborales.