La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó este miércoles las sanciones anunciadas por Canadá contra cinco funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez.
«Canadá, al igual que el gobierno de Estados Unidos, persiste en su política de imponer medidas a funcionarios de los poderes públicos venezolanos, en nombre de la ‘democracia’. Este tipo de acciones seguidistas del gobierno canadiense, justifican el tratamiento despectivo que actores políticos de Estados Unidos le dan a ese país», dijo la organización en un comunicado.
Y agregó: «Estas mal llamadas ‘sanciones’ no son más que un intento fallido de presionar a la hermana nación bolivariana, con el propósito de promover la desestabilización».
La ALBA-TCP señala que las sanciones unilaterales violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Manifestó que Venezuela está en su justo derecho a construir su propio modelo sin injerencias de ningún tipo. «Y seguir caminando por el sendero de la prosperidad y el bienestar, por más que les incomode a los gobiernos en Ottawa y Washington».
Canadá sancionó a cinco funcionarios del gobierno de Maduro
Además de Rodríguez, el gobierno canadiense señaló a Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, integrante del Consejo Electoral Nacional; Edward Miguel Briceño Cisneros, juez, y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal.
Todos los incluidos en la lista del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá están sancionados por Estados Unidos.
La ministra de Exteriores Mélanie Joly declaró que las sanciones contra los cinco funcionarios venezolanos señalan que «Canadá no se quedará quieta mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano».
Para la ministra canadiense es necesario que los venezolanos negocien una solución pacífica a la crisis, y aseguró que Canadá está lista para trabajar con la región para apoyar ese diálogo.
«Pero también estamos preparados para usar las herramientas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.