Con total discreción se ha manejado la visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, afirmó a El Nacional que el abogado llegará al país la próxima semana. Las organizaciones de derechos humanos tenían la información de que el penalista estaría en Caracas el viernes.
Pese a ese hermetismo, sí se conoce que el fiscal, quien asumió su actual cargo el pasado 16 de junio, se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente aquellos que están señalados de cometer delitos. Y también hay versiones cruzadas sobre la posibilidad de que haya encuentros con las víctimas, familiares y con las ONG.
Fase final del examen preliminar
La visita ocurre en el contexto de la fase final del examen preliminar sobre Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. El país es signatario del Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal Internacional, y, por lo tanto, está en la obligación de colaborar con las gestiones que adelante el tribunal para determinar si existen responsabilidades.
Y ya existen indicios. Fatou Bensouda, exfiscal de la Corte, advirtió en un informe en junio pasado que hay motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017. Ese año se registraron las intensas protestas de la oposición, fuertemente reprimidas por los organismos de seguridad del Estado y presuntos colectivos armados del chavismo.
La exfiscal Fatou Bensouda dijo que hay motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Foto: Peter Dejong / ANP / AFP
En septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela de las Naciones Unidas publicó su segundo informe, demoledor para el gobierno de Nicolás Maduro, que concluyó que los jueces y los fiscales han tenido un papel muy importante en las graves violaciones de derechos humanos contra los opositores.
Señaló que, en medio de la severa crisis de derechos humanos, la independencia del poder judicial en Venezuela se ha visto profundamente erosionada. Los ejecutores de la justicia han violado los derechos humanos en un plan político para sofocar y reprimir a los adversarios del chavismo. Y señaló que algunos de los delitos que documentó fueron la desaparición forzada, la tortura, incluida la violencia sexual, y los asesinatos arbitrarios.
Existen pruebas suficientes
En opinión de Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional (2015), existen pruebas suficientes que confirman que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad para abrir una investigación definitiva en la Corte Penal Internacional.
Afirmó que la Corte tiene una función supletoria. Es decir, que actúan en La Haya cuando en el país que está bajo investigación no hay posibilidad de hacer justicia. “Y en Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia. Esto ha quedado demostrado de manera contundente”, dijo.
Solórzano, coordinadora del movimiento político Encuentro Ciudadano, exige que el fiscal atienda a las víctimas.
La dirigente opositora Delsa Solórzano afirmó que “nada le lava la cara a una dictadura” que tiene en su haber “las manos manchadas de la sangre” del capitán de Rafael Acosta Arévalo
“Comprendo que hay una tendencia de escuchar en esta oportunidad solamente al victimario, o a quien está sometido a la investigación preliminar, con la intención, han dicho algunos, de proteger de alguna manera a las víctimas. Pero la realidad es que eso no las protege, muy por el contrario”, manifestó Solórzano.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, expresó a El Nacional su preocupación porque no está planificado que Khan se reúna con las organizaciones, las víctimas de las violaciones de derechos humanos y sus familiares.
“Si te vas a reunir con quienes pueden ser señalados como perpetradores, lo lógico es que también le des voz a las personas que, en el curso de una investigación, asuman el carácter de víctimas, y así habrá una visión equilibrada. Si esa visión se mantiene sesgada, si solo se ve una de las caras de la moneda, probablemente la influencia que esto tenga en el examen preliminar sea negativa”, observó.
Abriría un espacio para las ONG
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, sin embargo, aseguró a El Nacional que el fiscal abrirá un espacio para reunirse con algunas de las organizaciones de derechos humanos. Y que, por cuestiones de agenda y de seguridad, no habrá un encuentro con las víctimas.
Explicó que las ONG tienen un mecanismo de trabajo y que el hecho de que no se reúnan con Khan en Caracas igual podrán aportarle información. Señaló que han tenido reuniones virtuales con el fiscal y con su equipo de trabajo y que seguirán teniendo ese contacto después de que el criminalista se vaya del país.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, afirmó que en Venezuela existe un margen muy amplio de impunidad. Denunció que no han cesado las torturas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas
“Lo decimos para bajar la ansiedad de que no tendrá posibilidades de escuchar versiones alternativas a las del gobierno. Él tiene información y la va a seguir teniendo. Nuestra perspectiva es que comprenda el funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Y que finalmente tenga los insumos suficientes para avanzar a la siguiente fase, que es la de la investigación formal”, dijo Uzcátegui.
Sería histórico para América Latina si se inicia la investigación formal porque nunca se ha abierto en la región una investigación de la CPI sobre ninguna situación.
La muerte de Acosta Arévalo, un precedente
Solórzano le recordó al fiscal Karim Khan que estando en Venezuela la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, falleció el capitán Rafael Acosta Arévalo. El militar sufrió torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y agregó que cuando el general Raúl Isaías Baduel murió estaba la misión de la ONU dictando un curso de derechos humanos a funcionarios de seguridad del Estado.
“Lo único que protege a las víctimas es que haya justicia. Por eso pedimos que el señor Khan se reúna con las víctimas de violación de derechos humanos. Sabemos que somos miles, pero las organizaciones están suficientemente coordinadas; de presos políticos militares y civiles, de las víctimas de homicidios. Eso se organiza con tiempo si hay la voluntad de hacerlo y de escuchar a las víctimas en Venezuela”, enfatizó Solórzano.
Himiob calificó de positivo el hecho de que autoridades de organismos encargados de la defensa de los derechos humanos viajen a Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos. Uzcátegui agregó que la propia presencia del fiscal demuestra la gravedad de lo que está pasando en Venezuela porque el funcionario no visita países que no tiene procedimientos abiertos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela concluyó que los jueces y los fiscales han tenido un papel importante en las violaciones de derechos humanos contra opositores. Foto: Prensa Miraflores
“Nada le lava la cara a una dictadura”
La parlamentaria, electa en 2015, aseguró que el gobierno venezolano no podrá mejorar su imagen ante Khan porque, aseguró, las autoridades del chavismo tienen en su haber las muertes de presos políticos, que suman 10 en los últimos 7 años, y los asesinatos de ciudadanos opositores.
“Nada le lava la cara a una dictadura que tiene en su haber centenares de asesinados de manera directa; nada le lava la cara a una dictadura que tiene en su haber las manos manchadas de sangre por Acosta Arévalo y los otros presos políticos que han perdido la vida bajo la custodia del Estado”, manifestó Solórzano.
Himiob puntualizó que el Foro Penal registra más de 250 presos políticos. En general, afirmó el abogado, las condiciones de reclusión siguen siendo difíciles y complicadas. “La verdad es que no hemos visto mayores avances en cuanto al cese de las detenciones y la persecución”, añadió.
Destacó que las autoridades tienen meses tratando de demostrar “buena disposición” hacia la sanción de personas que han violado los derechos humanos para tratar, de alguna manera, de aminorar el costo político que le ha representado la persecución y la prisión por motivos políticos.
El abogado Gonzalo Himiob afirmó que el gobierno está empeñado en demostrar que sí están dadas las condiciones para juzgar a criminales de lesa humanidad y a los violadores de los derechos humanos
Pero, sobre esto, Himiob señaló que se han producido muy pocas condenas por situaciones en las que se materializaron graves violaciones a los derechos humanos.
No ha investigado la cadena de mando
En esas decisiones, expuso, se han sancionado a los funcionarios subalternos, pero no se ha investigado la cadena de mando. En los juicios tampoco se han manejado la situaciones como crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, sino que se han tratado como si fuesen situaciones de criminalidad común, sancionadas con base a lo dispuesto en el Código Penal.
“Todo esto conduce a un margen muy amplio de impunidad. No cesa la impunidad en casos de torturas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas. El poder está muy empeñado en esto. Es por eso que es necesario que el señor Karim Khan conozca la otra cara de la moneda. Porque así puede tener un panorama mucho más completo y objetivo de lo que está ocurriendo”, expresó Himiob.
Uzcátegui agregó que entes como la Corte Penal Internacional tiene la experiencia necesaria para dilucidar cuándo son genuinas o no las decisiones que se toman para que haya justicia.
“Hay que implementar además medidas de compensación, de reparación para las familias de las víctimas, por muchas razones estamos insistiendo en que no son suficientes ni son genuinas las decisiones que se están tomando, y que se hace de manera atropellada. Porque hay muchos casos que llevan tiempo cerrados y están convocando a los familiares para abrir el procedimiento judicial en los próximos días. Ratificó que los autoritarismos funcionan de la misma manera, y cuando los visitan pintan las cárceles y le dan de comer a los presos. Esperamos que esa experticia técnica y esa trayectoria que tienen los miembros de la Fiscalía de la CPI, incluyendo el propio fiscal Karim Khan, les permita comprender cuáles son las reales intenciones”, expresó Uzcátegui.
Impunidad en altos niveles
Para el Foro Penal el fiscal debe poner su atención durante su visita a Venezuela en el nivel de impunidad que hay en el país. El gobierno, subrayó, está empeñado en demostrar que sí están dadas las condiciones para juzgar a criminales de lesa humanidad y a los violadores de los derechos humanos.
Foro Penal registra más de 250 presos políticos. En general las condiciones de reclusión siguen siendo difíciles y complicadas. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE
“Hay que mostrar el contraste que existe con los elevadísimos márgenes de impunidad, que son perfectamente evidenciables. Eso es lo que debería tomar en cuenta el señor Khan. Que una o dos condenas aisladas de oficiales subalternos no significa que en Venezuela hay condiciones para investigar violaciones a los derechos humanos”, afirmó Himiob.
El coordinador general de Provea afirmó que las decisiones del gobierno en materia de justicia no son suficientes ni genuinas. Y que el chavismo intenta simular procesos de justicia para retrasar e inhibir la actuación de la Corte Penal Internacional.
“Debe enfocarse en la administración de la justicia. No solo recibir información de las decisiones recientes de abrir casos, de anunciar que supuestamente habrá celeridad procesal, anunciar el proceso de reforma de justicia. También lo histórico, el contexto, el funcionamiento, la ausencia de independencia; y además sería importante que revise de manera minuciosa el informe de la Misión de Determinación de Hechos”, indicó.
“Tarek William Saab es cómplice”
Solórzano enfatizó que en el segundo informe de la Misión de Determinación de los Hechos se señala que el fiscal general chavista Tarek William Saab es cómplice de la comisión de algunos crímenes de lesa humanidad.
En días pasados trasladaron a los exfuncionarios de la Policía Metropolitana desde la cárcel militar de Ramo Verde hacia la Comunidad Penitenciaria Fénix. Y luego de que se conoció de la visita del fiscal de la CPI a Venezuela fueron excarcelaron a dos de los tres activistas de Fundaredes.
Delsa Solórzano y Rafael Uzcátegui señalaron al fiscal general chavista Tarek William Saab se contribuir en la violación de los derechos humanos en el país. Foto: Prensa Corte Penal Internacional
“Eso no cambia la situación, al contrario, la agrava. La privación ilegítima de libertad ya ocurrió, eso no evita el delito. Que tú mates a alguien y después le pagues el entierro no te quita el carácter de homicida. Eso no modifica los hechos. El capitán Luis de la Sotta sigue esperando traslado médico; en los sótanos de la Dgcim aún hay presos políticos”, criticó Solórzano.
“Quizá pintan las paredes, pero eso no quita la sangre del capitán Acosta Arévalo que está como huella indeleble, no solamente en esas paredes, sino en las manos de sus asesinos, tanto directos como indirectos, autores materiales e intelectuales. Eso no borra lo que ocurrió con Óscar Pérez y los héroes de El Junquito. Tú puedes pintar la casa, puedes vender la cama, echar sucio debajo de la alfombra, pero eso no borra los hechos”, dijo.
Uzcátegui agregó que la perversión del sistema de justicia es profunda, y que incluso tiene que ver con Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruíz, que son personas que no tienen ningún tipo de independencia del Poder Ejecutivo.
Venezuela, ¿igual que Colombia?
El fiscal Karim Khan, antes de llegar a Venezuela, estuvo en Colombia. En ese país se cerró el examen preliminar por los crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. El tribunal determinó la voluntad del gobierno de Iván Duque de administrar genuinamente justicia.
Rafael Uzcátegui aseguró que las ONG han tenido reuniones virtuales con el fiscal Karim Khan y con su equipo de trabajo. Foto: EFE
El coordinador de Provea aclaró que la situación de Colombia es diferente a la de Venezuela, donde el examen preliminar se abrió hace apenas dos años. Y explicó que hay informes de expertos que determinaron que la administración de justicia en el país está absolutamente viciada y que es incapaz de sancionar a los responsables.
“No cerrará el examen preliminar como lo hizo en Colombia. En el caso venezolano estamos en la última fase. Lo que se está examinando es algo que se llama la complementariedad y si el sistema de administración de justicia dentro del país tiene la capacidad y la voluntad de investigar y sancionar estas situaciones de derechos humanos. O si es incapaz y, por tanto, es importante y necesaria la actuación de un tribunal alternativo, que es la Corte Penal Internacional”, explicó.
“Nunca tuvimos una situación tan grave”
En los 33 años de fundado que tiene Provea nunca había registrado una situación tan grave como la que ocurre actualmente en Venezuela, enfatizó Uzcátegui. No solo hay un aumento importante de la pobreza, también existe una emergencia humanitaria compleja y una ausencia de instituciones democráticas e independientes.
“Desde octubre de 2016 denominamos a Maduro como un gobernante dictatorial. Eso refleja la realidad de lo que sucede, y mientras no se rectifiquen las políticas y no se resuelva la crisis política, esta situación seguirá existiendo. Es por eso que están todos los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos activados sobre Venezuela, por la gravedad de lo que está sucediendo”, señaló.
El capitán Rafael Acosta Arévalo falleció debido a las torturas que sufrió en la Dirección General de Contrainteligencia Militar
Uzcátegui manifestó que resulta positiva la presión que ejerce la CPI sobre Venezuela cuando, por ejemplo, el militar que asesinó a David Vallenilla en 2017 recibió una sentencia. O cuando se están abriendo procesos judiciales. Sin embargo, teme que ese efecto pudiera comenzar a desvanecerse si se mantiene durante mucho tiempo el estatus de examen preliminar.
“Por insistimos en la importancia de avanzar hacia una investigación concreta. Eso lo hemos expresado en las diferentes reuniones con la Fiscalía de la CPI. Hay suficientes elementos. Y ahora el debate es si el sistema de justicia puede, de manera propia, investigar y sancionar las diferentes situaciones y nosotros hemos insistido en que no”, declaró Uzcátegui.