La justicia británica deberá pedir al gobierno del Reino Unido que aclare de forma inequívoca si reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, a fin de poder decidir quién tiene autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.
El Tribunal de Apelaciones de Londres dio esta instrucción al emitir este lunes un dictamen que anula un fallo del 2 de julio de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, designada por Guaidó, el control sobre las reservas.
Los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips dictaminaron a favor del recurso elevado contra esa decisión por la junta del BCV nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, que quiere acceder al metal para financiar la lucha contra el covid-19.
En su resolución, los magistrados remiten el caso de nuevo al Superior, al que piden que pregunte al gobierno británico e investigue con base en los hechos a quién reconoce realmente al frente de Venezuela.
La posición del Ejecutivo conservador, disputada por las partes, está en el centro de este pleito, pues determina quién es la autoridad competente para acceder a los 31 lingotes de oro, valorados en más de 1.300 millones de dólares.
Ambigüedad en el gobierno británico
En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones rechaza que el gobierno británico, que políticamente ha apoyado a Guaidó, le reconociera de forma inequívoca como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, como mantienen en este proceso los abogados de la junta ad hoc del BCV nombrada por el líder opositor.
En cambio, coincide con la posición de la junta designada por Maduro de que, aunque reconociera a Guaidó, ello no excluye que pueda considerar gobernante «de facto» a Maduro, con cuya administración mantiene relaciones diplomáticas.
En ese mensaje institucional, el entonces ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, manifestaba que el Reino Unido reconocía a Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles.
Los tres jueces piden al Superior que solicite aclaraciones al ministerio y, si declina responder, será la propia sala la que decida su posición a partir de la declaración de 2019, la única referencia que hasta ahora ha aportado en este caso el Foreign Office.
Próximos pasos
En su fallo, el Tribunal de Apelaciones señala que solo cuándo se aclare la postura del Ejecutivo podrá dirimirse otro aspecto del litigio: si la justicia británica tiene jurisdicción para escudriñar los nombramientos de Guaidó, incluidos a su junta del BCV, que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Caracas.
Una vez el Superior haya establecido qué junta es la legítima, podrá avanzarse eventualmente en la demanda elevada el 14 de mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que le acusó de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados contra la pandemia.
El fallo servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
Al conocer el dictamen de este lunes, Sarosh Zaiwalla, del bufete Zaiwalla & Co, que representa al régimen de Maduro, saludó la decisión de los jueces y dijo que el fallo anterior llevaba a una situación «no realista», dado que la junta oficial del BCV opera en Venezuela pero no podía acceder al oro en el extranjero.
El fallo revocado daba en cambio el control sobre las reservas a «un grupo de individuos que viven fuera de Venezuela, de los que el Tribunal Constitucional venezolano ha dicho que no tienen autoridad legítima», afirmó.
«Victoria para el Estado de Derecho»
La oposición liderada por Juan Guaidó consideró en un comunicado que el fallo de este 5 de octubre es «una victoria para el Estado de Derecho» y destacó especialmente que «Maduro no logró su objetivo y sigue sin tener acceso al oro de los venezolanos».
Según fuentes legales, las partes quedan ahora a la espera de acordar con el juez de turno del Tribunal Superior las preguntas que remitirán al gobierno conservador de Boris Johnson, cuya respuesta o ausencia de ella determinará los próximos pasos.
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