El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales, informó este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Magistrado de casación penal y expresidente de la corte suprema, Moreno, de 57 años de edad, recibió presuntamente más de 10 millones de dólares en sobornos, sobre todo de empresarios que habían firmado contratos con entidades del gobierno venezolano, según el documento.
La acusación asegura que Moreno podía «influenciar decisiones judiciales en Venezuela» al tener la capacidad de designar a los magistrados que juzgaban los casos.
También podía «nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores a nivel de primera instancia y apelación», de acuerdo con la imputación.
Esas actividades delictivas tuvieron lugar presuntamente entre 2014 y marzo de 2019.
Durante su mandato, Moreno recibió sobornos por influir en causas penales mediante la desestimación de cargos y órdenes de arresto o de reclusión domiciliaria para los acusados, según la acusación.
También recibió pagos para intervenir en casos civiles. El imputado aceptó, por ejemplo, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) como parte de un litigio civil, a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la fábrica.
Maikel Moreno utilizó supuestamente el dinero recibido para comprar o renovar propiedades inmobiliarias en todo el mundo, incluida una villa en la región italiana de Toscana por 2,4 millones de euros, una vivienda de lujo en República Dominicana por 1,5 millones de dólares, un edificio en Caracas por 1,3 millones de dólares y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares.
Se compró además coches y artículos de lujo, y se gastó más de 300.000 dólares por una actuación musical en su boda, según los documentos judiciales.
El gran jurado imputó a Maikel Moreno un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, uno de encubrimiento de blanqueo de capitales y dos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.