Federico Villena, el juez federal de Argentina que lleva el caso del avión venezolano-iraní retenido en ese país, rechazó la petición del abogado Maximiliano Rusconi de presentarse como representante del gobierno de Nicolás Maduro y de la empresa Emtrasur en la causa que se lleva desde hace más de dos meses.
Se espera que Rusconi apele a la decisión de Villena, por lo que es posible que próximamente la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, deba decidir si confirma o rechaza nuevamente la petición.
Los jueces también deberán decidir si 12 de los 19 tripulantes iraníes y venezolanos pueden volver a sus países. Cabe destacar que la fiscal Cecilia Incardona se opuso a la resolución del juez de liberar a 12 de ellos porque, argumentó, se investigan sospechas de colaboración con el terrorismo internacional.
Rusconi, quien tiene vínculos con el kirchnerismo, se presentó el miércoles pidiendo ser representante de la República Bolivariana de Venezuela y de la empresa Emtrasur en el caso del Boeing 747 retenido en Ezeiza. El abogado acreditó la representación de Venezuela a través del procurador general de ese país, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, que le confirió un «poder especial judicial».
Luego de que el juez decidió aceptar una solicitud de la justicia de Estados Unidos de incautar el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, Rusconi argumentó que el Tratado de Asistencia Jurídica entre la Argentina y Estados Unidos es solo para cuestiones penales y el reclamo de la justicia norteamericana es del fuero comercial.
“El sistema jurídico norteamericano es distinto al argentino. Los delitos que imputa la justicia norteamericana por el avión tienen una pena de hasta 20 años de prisión. Por lo tanto, son penales. Sería como contrabando para el código penal argentino”, señaló una fuente del diario El Clarín.
También manifestó que “Emtrasur es una empresa privada con fondos públicos, no es del Estado venezolano. Distinto sería si se tratara, por ejemplo, de un avión militar de Venezuela. Y en este caso, además, sería competencia originaria de la Corte Suprema”. Es decir, en todo caso, los abogados de Venezuela deben reclamar ante la justicia de Estados Unidos.
El exhorto de Estados Unidos señala que Maham Air (la empresa iraní del piloto retenido Gholamreza Gashemi) debería haber pedido permiso a Boeing para haber vendido el avión primero a Rusia, luego haberlo recomprado a Irán y finalmente entregado a Venezuela.
Además, el Departamento del Tesoro, a través de su oficina de activos en el exterior (OFAC, en inglés), sancionó a Mahan Air por transportar tropas y armas del Hezbolá del Líbano y de los talibanes de Afganistán, considerados grupos terroristas, a Siria. El Hezbolá está acusado como autor material de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
«El legítimo interés de la República Bolivariana de Venezuela resulta evidente; ello, debido al vínculo de ese Estado con una sociedad de la que Emtrasur forma parte, y por tanto, como directamente perjudicado respecto del secuestro de la aeronave de bandera que habría sido dispuesto en estos autos en fecha 11/8/2022 como consecuencia de un supuesto ‘pedido’ cursado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica», indicó el escrito firmado por el abogado Gabriel Palmeiro, que integra el estudio de Rusconi.
El avión, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la justicia local y, ahora también, de la del distrito de Columbia, Washington, que había reclamado su incautación.
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