El Tribunal Supremo de Justicia retiró a los jueces penales la competencia de conocer los casos de tortura y malos tratos que involucran a policías, militares y autoridades. Así lo reportó Transparencia Venezuela a través de su página web Suprema Injusticia, donde examina las decisiones del máximo tribunal venezolano.
Señaló que los magistrados, vinculados al régimen de Nicolás Maduro, consideran que esos hechos corresponden a los tribunales contencioso-administrativos.
La sentencia número 966 de la Sala Constitucional, afirmó la organización, supone un retroceso en los esfuerzos contra la violación de derechos humanos en el país. Y más cuando las autoridades venezolanas están bajo investigación en la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, sobre todo en 2017 durante las protestas antigubernamentales.
«La ponente fue la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, que está al frente de la Sala Constitucional y que, para más señas, llegó a ocupar, desde mayo de 2021, el cargo de embajadora de Venezuela ante la CPI y ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas», señaló.
¿Por qué se adoptó la decisión?
Transparencia Venezuela explicó que la Sala Constitucional del TSJ se declaró incompetente para conocer un amparo que los abogados del presunto narcotraficante Daniel Baroody interpusieron en 2017. En ese recurso la defensa señaló al comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, de haber torturado a su cliente.
El dictamen en el que se le arrebata a los jueces penales la competencia para los casos de tortura cometidos por policías, y redactado por Gutiérrez, citado por la ONG, justifica:
“El ámbito en el cual se generaron las lesiones fue el administrativo, por cuanto la presunta violación de derechos constitucionales por parte del comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, sede Parque Carabobo, delatada por el actor, claramente se enmarca dentro de los conflictos objeto de control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
¿Qué denunció la defensa de Baroody?
María Mercedes Barroeta Cordero, abogada del presunto narcotraficante, denunció que a su cliente no le permitían comunicarse con sus familiares y que en ocasiones solo le permitían estar 15 minutos con el detenido y siempre con un funcionario policía presente.
Aseguró asimismo que los oficiales que custodiaban a su cliente le negaban acceso regular a productos de higiene personal, ir al baño y no le entregaban todos los alimentos que sus allegados le llevaban. También afirmó que Baroody temía por su seguridad y por la posibilidad de una desaparición forzosa.
Los magistrados del TSJ demoraron seis años en responder la denuncia.
“Mi defendido teme por su vida; al ser víctima de abuso físico, específicamente golpes y maltratos, así como amenazas de muerte, por haber este denunciado ante un funcionario de fiscalía y a mi persona, un alto funcionario del recinto donde se encuentra, como consecuencia de haberle cobrado una muy alta cantidad de dinero en moneda extranjera, lo cual mi representado pagó, haciéndole creer que dicho pago era para otorgarle la libertad, en carácter de comisión por ayuda”, denunció en ese entonces la abogada.
A Baroody, ciudadano de origen sirio, y quien está solicitado en extradición por Estados Unidos, se le señala de asociarse ilícitamente para importar pseudoefedrina y fabricar 500 gramos o más de metanfetamina, según su sentencia.
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