La señora Pellicer De Silva, viuda de Clemente Silva Lezama, señaló el despojo de los legítimos derechos patrimoniales de su hija y de ella misma por acción del juez superior de menores del estado Bolívar, Paolo Amenta, y la juez de Mediación y Sustentación Ann Nathaly Márquez Oca.
Este caso ha sido señalado como parte de una organización conformada por la Dra. Yaritza Yileida Godoy Correa, rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el Dr. Alexander Rafael Guevara Marcial, juez provisorio del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario, Marítimo y Aeronáutico del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y la Dra. Katiuska Blanco Fonseca, juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Constitucional, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Aeronáutico del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
La madre de la menor Silva Pellicer ha hecho gestiones ante el Mayor General Gustavo González López en la Dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia sin que haya tenido respuesta.
Desde marzo de 2021 hasta la fecha, los demandantes de la herencia, Klemens Alejandro Silva Berti y Ricardo Leslie Silva Berti administran, sin control alguno, los bienes de la herencia.
La señora Pellicer De Silva manifestó que «la juez de Mediación, pasados dos días hábiles de haber admitido la ilegal demanda, violando nuestros derechos del debido proceso y de la defensa, dictó un decreto de medidas cautelares donde se consumó el despojo del patrimonio que nos corresponde a mi menor hija de 7 años y a mí».
Según la viuda de Silva Lezama, los hijos mayores del difunto, los hermanos Silva Berti, sus abogados, la jueza de mediación y el juez superior de menores, administran las propiedades conformadas por empresas de aviación, hangares, aeronaves, camionetas, camiones, oficinas, bienes todos ubicados en el estado Bolívar. La viuda agregó que “los jueces denunciados, coludidos con los demandantes y sus abogados, actuando con abuso de poder, fuera de su competencia y extralimitándose en sus funciones, se asumieron ilegalmente en el decreto como partidores de la herencia, y repartieron las acciones de diecisiete (17) sociedades mercantiles de las que supuestamente era accionista mi difunto esposo”