El abogado José Ignacio Hernández afirmó que el partido político Primero Justicia, al igual que el gobierno de Nicolás Maduro, pretende responsabilizarlo por el caso de ConocoPhillips basado en falsas acusaciones. Hace una semana, un juez de distrito de Estados Unidos ordenó a Venezuela pagar 8,7 mil millones de dólares a la compañía por confiscar sus intereses en proyectos petroleros.
«La organización Primero Justicia parece creer que la defensa judicial del caso Conoco corresponde a Petróleos de Venezuela, cuando lo cierto es que corresponde a la República, la cual no contó adecuadamente con la autorización de la Asamblea Nacional para poder actuar ante las Cortes», dijo Hernández, quien ocupó el cargo de procurador especial de Juan Guaidó entre febrero de 2019 y junio de 2020.
Negó que el lapso para contestar la demanda de la compañía estadounidense haya vencido el 10 de marzo de 2020, como lo aseguró la organización política en una misiva enviada a Guaidó, reconocido por al menos 50 países como presidente interino de la República.
El abogado explicó que la citación no se cumplió de acuerdo con las formalidades del caso y que el momento para intervenir era el 30 de septiembre del año pasado, como lo había indicado anteriormente.
Presupuesto nunca autorizado
Hernández indicó en Twitter que, de acuerdo con el abogado y profesor de derecho constitucional Enrique José Sánchez Falcón, su sucesor en el cargo de procurador especial del interinato, Venezuela no compareció en el juicio porque la Asamblea Nacional nunca autorizó el presupuesto para contratar abogados.
Recordó que desde mayo de 2019 advirtió que la falta de recursos para la defensa del país en el caso de ConocoPhillips podía ocasionar daños al patrimonio público. “A pesar de todos los esfuerzos, esta situación no logró solventarse. El principal obstáculo provino de la organización Primero Justicia”, afirmó Hernández.
Señaló que en julio de 2019 se volvió a insistir en los riesgos derivados de la falta de recursos para atender la defensa judicial, pero que una vez más las advertencias no se tomaron en cuenta.
En octubre de 2019, agregó, se presentó la rendición de cuentas ante la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento sobre la gestión de los abogados, advirtiéndose de la precaria situación de la defensa judicial del Estado.
«En enero de 2020 la organización Primero Justicia se opuso a la dotación de fondos para sufragar los litigios. Se envió una extensa comunicación, una vez más, dando toda la información relevante y solicitando una reunión. Pero la organización Primero Justicia nunca respondió», expuso.
Procuraduría especial, “gravemente negligente”
En la carta que Primero Justicia le envió a Guaidó, en la que habló sobre la sentencia que ordenó el pago de 8,7 mil millones de dólares a ConocoPhillips por parte de Venezuela, señaló algunos motivos que generan “rechazo profundo” hacia las actuaciones que ejerció el gobierno interino en relación con ese caso.
Planteó, en primer lugar, que la estrategia de defensa judicial ejercida por la procuraduría especial, específicamente por José Ignacio Hernández, “ha sido gravemente negligente” porque le parece inexplicable que Venezuela no compareciera en el juicio de ejecución ante la corte de Washington por “encontrarse en un proceso de anulación del laudo arbitral que invalidaría su ejecución”.
“La Procuraduría Especial sostiene que se logró la rectificación de la cuantía, la suspensión de la ejecución y, posteriormente, se realizó la solicitud de anulación ante el Comité ad-hoc de apelación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias”, dijo.
“Dicho procedimiento de anulación no es razón para dejar de contestar a la demanda de ejecución del laudo arbitral interpuesta en Washington toda vez que resultaría, con toda seguridad, desfavorable para Venezuela al tratarse de dos procedimientos distintos con graves consecuencias y que sienta un precedente para los demás casos de similar naturaleza que involucran al país”, agregó.
“Un boicot a los intereses del país”
La organización política —de la que forman parte los dirigentes Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa— expresó que, desde la estrategia procesal, era “un resultado completamente previsible” desde que se inició la polémica con la empresa petrolera estadounidense y acusó al gobierno interino de ignorar esa situación pese a que lo advirtieron reiteradamente.
También señaló que el interinato entabló la estrategia procesal como consecuencia de una decisión expresa y premeditada que no tiene nada que ver con una presunta falta de recursos o con la existencia de obstáculos políticos.
“Para la fecha en que en Venezuela debió ejercer su defensa, la Procuraduría Especial estaba a cargo del abogado José Ignacio Hernández y la representación de la República la tenía el gobierno interino”, señaló.
Más de 3.6 millones depositados, según PJ
En ese entonces, aseguró Primero Justicia, la Procuraduría Especial contrató a la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP, a la que le depositaron más de 3.6 millones de dólares en honorarios para la defensa de Venezuela en este y otros casos.
Indicó que en el informe de rendición de cuentas de Pdvsa ad hoc, presentado el 31 de enero de 2020, se reconoce el pago de anticipo a esta firma por el monto de 500.000 dólares en la fecha 23 de enero de 2020, correspondiente a la factura número 172992233.
“En ese contexto, Venezuela fue notificada el 10 de enero de 2020 de la demanda y tuvo un plazo para contestar de 60 días que venció el 10 de marzo de 2020. Estos hechos permiten afirmar categóricamente que los honorarios adelantados a Curtis cubrían la contestación a la demanda de ejecución del laudo arbitral del caso ConocoPhillips. Entonces, preguntamos: ¿por qué no se contestó la demanda en el plazo establecido para ello cuando se contaba con los recursos para ello? ¿Qué ocurrió con los fondos depositados a Curtis? ¿Por qué no se informó al país de la notificación de esta demanda? ¿Por qué este caso de ConocoPhillips no recibió la misma atención que otros litigios por parte de la procuraduría?”, planteó.
Primero Justicia aseguró asimismo que, en cuanto a la afirmación de que hubo trabas políticas, las distintas facciones que integran a la oposición “hacen seguimiento cabal” de los problemas que finalmente aquejan a la República y que de alguna manera “pueden entenderse como un boicot a los intereses del país”.
“Campaña sistemática de ataque y difamación”
José Ignacio Hernández denunció que el partido político ha emprendido una política sistemática de ataque y difamación en su contra, ignorando las comunicaciones que envió como procurador especial y las comunicaciones que he enviado con posterioridad, por ejemplo, en enero de 2021.
«Estos ataques comenzaron en 2020, cuando el entonces diputado Rafael Guzmán me amenazó por no haber seguido los lineamientos políticos de Primero Justicia. Se trató de una presión para intentar disuadir a la Procuraduría de adelantar la demanda de nulidad de los Bonos 2020″, añadió.
Recordó que, según la declaración jurada del principal tenedor de Bonos 2020, Rafael Guzmán y Julio Borges presuntamente prometieron que la Asamblea Nacional no cuestionaría la emisión de esos bonos.
Esa declaración, expresó Hernández, debió ser investigada por el Parlamento venezolano.
“Me acusan falsamente”
El abogado dijo que el régimen de Maduro lo acusó la semana pasada falsamente por el caso de ConocoPhillips y que ahora lo está haciendo Primero Justicia.
«La misma práctica repudiable, lesiva de derechos humanos. Me consta que hay hombres y mujeres de bien en Primero Justicia, comprometidos por la lucha democrática venezolana. Pero lamentablemente los canales de comunicación de esa organización han sido empleados para difamarme».
El exprocurador informó que enviará una comunicación a la Asamblea Nacional para aportar todos los hechos relevantes del caso. También para solicitar nuevamente que se investigue a quienes presuntamente obstruyeron la defensa judicial en beneficio de intereses económicos privados.
Respondió a Primero Justicia
José Ignacio Hernández señaló diversas “premisas erradas” por Primero Justicia en una comunicación que envió a Guaidó.
1. La comunicación de Primero Justicia alude al “juicio de ejecución” del laudo de 8 de marzo de 2019. En realidad, la demanda intentada por Conoco mediante demanda de 11 de marzo de 2019, tiene por objeto confirmar ese laudo, no procurar su ejecución.
2. Primero Justicia alude a la contratación de la firma Curtis, así como a la rendición de cuenta de Pdvsa. Es importante aclarar que la parte demandada en el juicio de confirmación es la República, no Pdvsa. De otro lado, la Oficina del Procurador Especial no contrató a la firma Curtis: esa contratación había sido efectuada con anterioridad, para la representación de Venezuela en el arbitraje de Conoco en Ciadi. Por ello, esa firma continuó con esa representación, para solicitar —exitosamente— la rectificación del laudo para solicitar su nulidad, en un procedimiento que sustancia el comité de anulación constituido por el Ciadi. Sin embargo, como la demanda de confirmación del laudo presentada por Conoco era un caso nuevo, no podía aplicarse la misma solución, siendo por ende necesario asignar ese caso a una firma.
3.- Es falso que el lapso para contestar la demanda venciera el 10 de marzo de 2020 —momento en el cual me desempeñaba como Procurador Especial—. Al igual que en muchos otros casos, la citación de la República debía cumplir con reglas especiales, que, además, debían tomar en cuenta que la citación no podía efectuarse a estructuras bajo el control del régimen de Maduro. En todos los casos en los que esta situación se planteó, la estrategia de la Oficina del Procurador Especial consistía en no convalidar los defectos procesales y, en caso de que la parte actora solicitase la declaratoria de no-comparecencia (o default judgement), intervenir en el proceso para exponer todas las defensas —de forma y fondo aplicables—. Por ello, la fecha relevante no era el 10 de marzo de 2020, sino el 30 de septiembre de 2021, cuando Conoco solicitó la declaratoria de no comparecencia.
4.- Para el 30 de septiembre de 2021, hacía más de un año de mi renuncia al cargo de Procurador. Sin embargo, aclaré públicamente que la solicitud de declaratoria de no comparecencia era una formalidad, y que Venezuela podía —y debía— comparecer. Transparencia Venezuela también alertó sobre los daños al patrimonio público que podrían ocasionarse por la imposibilidad de defender a Venezuela. Según el actual procurador, profesor Enrique Sánchez Falcón, la defensa de Venezuela en el caso Conoco estaba en peligro por la falta de aprobación presupuestaria por parte de la Asamblea Nacional. Por casi 11 meses se advirtió sobre la necesidad de que Venezuela compareciera en este juicio.
5.- Es importante recordar que durante mi gestión al frente de la Oficina del Procurador Especial, no solo se informó del caso Conoco, sino que, además, se alertó de los riesgos derivados de la falta de aprobación presupuestaria:
“Sin embargo, debo advertir que las funciones que me corresponden cumplir como Procurador Especial se enfrentan a importantes limitaciones debido a la falta de recursos para poder asumir debidamente la defensa de los intereses del Estado. Hasta ahora las firmas de abogado han sido comprensivas en relación con este tema, pero no es una situación que necesariamente pueda mantenerse por mucho tiempo. Esta situación eventualmente podrá afectar la defensa de los intereses del Estado venezolano en este caso”
6.- En especial, en comunicación PER-268, de 18 de noviembre de 2019, remitida a la Presidencia, con copia a la junta administradora ad-hoc de Pdvsa, y con copia, entre otros, a la Comisión Permanente de Finanzas, se reiteraron los daños al patrimonio público que se habían ocasionado, y se seguirían ocasionando, por la falta de aprobación presupuestaria para atender la defensa judicial del Estado, mencionándose expresamente el caso Conoco.
7.- Debido a que la firma Curtis siguió representando a Venezuela en el caso Conoco ante el Ciadi, fue posible sufragar —precariamente—los honorarios profesionales necesarios para solicitar exitosamente la rectificación del laudo y su posterior nulidad. Pero la defensa judicial en el caso de la confirmación del laudo seguía aguardando a la aprobación presupuestaria. Debido a las razones procesales ya mencionadas, esa defensa no era prioritaria, pues Conoco no había solicitado la declaratoria de no comparecencia.
8.– La Oficina de la Procuraduría Especial, durante mi gestión, enfrentó la persistente negativa —inmotivada—de Primero Justicia a aprobar el fondo de litigio para la correcta defensa del Estado, al punto que esa organización salvó su voto a la aprobación del fondo efectuada el 28 de enero de 2020. La Oficina envió una extensa comunicación a Primero Justicia, respondido a las falsas acusaciones que había formulado en su voto salvado, y solicitando una reunión para aclarar cualquier duda. Sin embargo, Primero Justicia nunca respondió esta solicitud de reunión.
9.- La relación institucional entre Primero Justicia y la Oficina del Procurador Especial se deterioró luego de que el entonces diputado de ese partido, Rafael Guzmán, el 29 de enero de 2020, me amenazara por no haber seguido sus lineamientos políticos. Entendía que esa amenaza era una suerte de retaliación, pues la Oficina del Procurador Especial, siguiendo la decisión de la junta administradora ad-hoc de Pdvsa, instruyó a la presentación de la demanda de nulidad de los Bonos Pdvsa 2020, estrategia a la que se opuso el entonces diputado Guzmán, sin argumentos jurídicos. Es importante aclarar que la decisión de demandar la nulidad de esos Bonos fue adoptada por el voto unánime de la junta administradora ad-hoc de Pdvsa, con base en las opiniones emitidas por la Oficina. Incluso el Dr. Alejandro Grisanti, quien fue designado por Primero Justicia, votó a favor de esa estrategia —a pesar de que, luego, ha pretendido desconocer ese hecho—.
10.- La organización Primero Justicia, de manera reiterada, ha formulado falsas y públicas acusaciones en mi contra, y ha ignorado todas las comunicaciones que le fueron enviadas desde la Oficina del Procurador Especial, e incluso luego de mi renuncia, como es el caso de la carta de 26 de enero de 2021, en la que respondí —una vez más— a las falsas acusaciones formuladas por Julio Borges, en una comunicación que de nuevo fue ignorada.
11.- Reitero lo solicitado en aquella oportunidad: la Asamblea Nacional debe abrir una investigación sobre la defensa judicial del Estado a cargo de la Oficina del Procurador Especial. Esto no solo permitirá aclarar cualquier duda, sino, además, investigar las acciones y omisiones en las que incurrió la organización Primero Justicia, o quienes han actuado en su nombre. Asimismo, debe investigarse —como también he solicitado— la declaración jurada emitida por uno de los tenedores de los Bonos 2020, de acuerdo con la cual, Rafael Guzmán y Julio Borges, en 2016, habrían prometido que la Asamblea Nacional no cuestionaría la constitucionalidad de esos Bonos —que es, precisamente, la posición que incluso con amenazas, han hecho valer en nombre de Primero Justicia, quien, desde entonces, no ha cesado en formular falsas acusaciones difamatorias—.
12.- Termino señalando que una de las razones decisivas para comprender por qué no se logró la transición de acuerdo con el diseño del Estatuto de Transición, es debido a las graves fallas de gobernanza que minaron la capacidad de actuación y la implementación de esa estrategia de transición. Esas fallas de gobernanza no solo afectaron la calidad de la defensa judicial del Estado, sino que, además, degeneraron en situaciones como las de Monómeros. La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional tiene el deber jurídico de investigar, con objetividad, todos estos hechos y señalar a los responsables, cuyas acciones y omisiones han agravado el sufrimiento de los venezolanos y favorecido los intereses del régimen de Nicolás Maduro y sus personeros.