La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, pidió -mediante Jorge Rodríguez- este martes instaurar un diálogo político, a partir del próximo jueves, para ajustar la legislación electoral para los comicios regionales de 2025 y sin haberse resuelto la crisis política desatada luego de las presidenciales del 28 de julio.
El presidente de la AN dijo en plenaria que se trata de «iniciar un diálogo político» con las formaciones y grupos de electores que participaron en las presidenciales para reunir ideas y propuestas que den forma a un nuevo marco legal, que -adelantó- regirá los siguientes eventos electorales.
«Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata a absolutamente ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más», remarcó.
Rodríguez, que presidirá la comisión especial del Parlamento que atenderá este diálogo político, indicó que entre las leyes por revisar se encuentran la que rige la actividad de los partidos y manifestaciones públicas, la de procesos electorales y la que define la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«El que no quiera venir no hace falta (…) pero después no se vaya a ir a chillar», resaltó.
Adelantó que a este proceso de revisión se irá incorporando personal del CNE y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dos instituciones cuestionadas por la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y por parte de la comunidad internacional, por haber proclamado y validado, respectivamente, la reelección de Nicolás Maduro.
«Tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la república, contra el sagrado territorio de la república», añadió el líder de la Cámara.
La PUD ha denunciado fraude en las presidenciales y asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó esos comicios, reclamo respaldado por numerosos países que se niegan a reconocer la victoria de Maduro hasta que el CNE publique los resultados desagregados, como establece su propia normativa, un paso de cronograma electoral que, tras dos meses de las votaciones, no se ha cumplido.