Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó este lunes a la comisión delegada el respaldo para iniciar acciones legales contra los diputados opositores que ejercen su mandato desde 2015, como la inhabilitación política.
En un discurso, acusó a los legisladores de cometer «crímenes» y de vivir como «reyezuelos» en países como España y Estados Unidos, lo que consideró una violación de la Ley Orgánica Simón Bolívar.
«(Tienen una) vida de ricos, famosos y reyezuelos en España, Estados Unidos y otros países del mundo. Eso es un crimen, eso es una violación flagrante de lo establecido en la Ley Orgánica Simón Bolívar», declaró el funcionario chavista.
Hizo un llamado para que el fiscal general chavista Tarek William Saab tome medidas contra los señalados, lo que podría incluir además la extinción de dominio sobre sus bienes y la apertura de causas penales.
«Solicito el apoyo de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para que yo pueda comunicarme ante el fiscal general de la República y aplique de manera inmediata a estos criminales, ladrones, delincuentes y rateros la Ley Simón Bolívar», dijo.
Jorge Rodríguez aseguró asimismo que los diputados opositores de 2015 son responsables de actos que, según él, han perjudicado gravemente a Venezuela y violado las leyes del país.
¿Qué saber sobre la Ley Simón Bolívar en Venezuela?
La Ley Orgánica Simón Bolívar es una legislación aprobada en noviembre por la Asamblea Nacional que establece sanciones severas, incluyendo penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitación política de hasta 60 años y la confiscación de propiedades, para quienes el chavismo considere que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de sanciones contra el país.
Aunque el gobierno la presenta como una medida para proteger a los venezolanos contra acciones externas que atenten contra la soberanía y los recursos nacionales, la normativa ha sido objeto de críticas por su potencial para ser utilizada como herramienta de persecución política.
Organizaciones advierten que la Ley Simón Bolívar impone restricciones severas a la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, lo que podría aumentar la autocensura y facilitar la persecución de opositores.
Además, establece sanciones para los medios de comunicación que difundan información que promueva la imposición de sanciones, incluyendo la revocatoria de concesiones y multas significativas.