El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció el jueves que reformarán la Ley de Partidos Políticos para prohibir la participación en futuras elecciones de las organizaciones que desconozcan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirmó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
El Parlamento, controlado por el chavismo, respaldó la sentencia del TSJ que afirma que el líder oficialista ganó los comicios, un resultado señalado de fraudulento por diversos sectores dentro y fuera del país.
La AN acordó respaldar la decisión emanada del TSJ, según la declaración que fue aprobada por la mayoría de los diputados luego de la única intervención registrada para este punto, que estuvo a cargo de Rodríguez, quien fue jefe del comando de campaña de Maduro en las presidenciales.
Asimismo, la Cámara ha instado a la justicia a determinar responsabilidades ante presuntos delitos como usurpación e incitación al odio por los que señala a la extrema derecha venezolana, en alusión a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denunció fraude.
Rodríguez aseguró que se prevén nuevos cambios de la ley que rige las actividades de los partidos políticos porque, al menos en Venezuela, un fascista o una fascista no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular.
Dijo asimismo que si un partido político no reconoce la sentencia del TSJ está fuera del juego democrático, por lo que no podría inscribirse para futuros comicios, según aseguró, si bien son el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el TSJ las instancias que autorizan o vetan las actividades de las formaciones en el país.
Varios partidos que respaldaron a Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio han rechazado, igual que el candidato, la decisión del TSJ, al considerar que el tribunal está controlado por magistrados afines al chavismo y que corresponde al CNE publicar los resultados desagregados, algo que no se ha cumplido.
La PUD asegura que González Urrutia ganó las presidenciales por amplio margen y publicó 83,5% de las actas electorales para reforzar su reclamo, que cuenta con el respaldo de numerosos países y organizaciones internacionales.