La Asamblea Nacional electa en 2020 reiteró el jueves su exigencia a la Justicia del país para que ejerza «acciones contundentes» contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusan de delitos contra la República, entre 2016 y 2021 cuando era diputado.
«¿Cuánto más tiempo tiene que esperar esta Asamblea Nacional para exigirle a la Fiscalía, a la Contraloría General, a la Procuraduría del Estado y a los tribunales de la República que ejerzan acciones contundentes y que pongan tras las rejas a Juan Guaidó?», expresó la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela, en sesión ordinaria.
Varela afirmó que los venezolanos esperan justicia contra los exdiputados opositores, a quienes llamó bandidos y les acusó de dañar el país.
Los parlamentarios votaron a favor del informe final que presentó la comisión especial que investigó a los diputados electos en 2015, de mayoría opositora.
El diputado José Brito, presidente de esa instancia, aseguró que la investigación consta de 12.592 folios útiles, en los que se identifican los aspectos más importantes y que se cumplió con el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los presuntos implicados.
«De 442 actores involucrados en este proceso de investigación, 203 son exdiputados, entre principales y suplentes, y 239 personas designadas por Juan Guaidó como embajadores o representantes diplomáticos de Venezuela ante la comunidad internacional, juntas administradoras ad hoc de empresas venezolanas en el exterior y la simulación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio», explicó.
Brito aseguró que la cantidad de presuntos implicados en hechos de corrupción puede llegar a los 1.600, porque los principales partidos políticos de oposición, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), del cual él formó parte, tienen «listas secretas».
Asimismo, aseguró que de acuerdo con el análisis de la economista Pascualina Curcio, las pérdidas de la nación rondan los 194.000 millones de dólares.
El pasado 7 de enero, el Parlamento venezolano creó una comisión especial para investigar, en el plazo de un mes, los «crímenes» que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo y quienes supuestamente se robaron recursos del Estado.
Desde el inicio de la campaña para las elecciones del pasado 6 de diciembre, el chavismo había señalado que, una vez que tomara el control del Parlamento, investigaría a los líderes tradicionales de oposición, pues los acusa de haberse robado recursos del Estado venezolano.
El chavismo acusó a la oposición liderada por Guaidó de robar recursos de empresas filiales en el exterior de la estatal petrolera Pdvsa, Citgo y Monómeros.