El Estado venezolano ha propuesto -como parte de sus políticas públicas- al menos 21 planes de seguridad. Y en décimoquinto plan propuso la Misión a toda Vida Venezuela, con la aprobación de un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia y la creación de un Registro Único de Víctimas.
Fue en 2016 cuando esa función fue delegada a una oficina de atención a las víctimas de violencia, sin que hasta ahora se conozcan resultados.
Lo anterior se constató a través de una investigación que realizó la Asociación Civil Paz Activa, denominada “Promover el consenso sobre un registro de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de la conflictividad política en Venezuela durante el periodo 1989 – Actualidad”.
Investigación sobre derechos humanos en Venezuela
La investigación tomó como punto de partida el reconocimiento a finales del siglo pasado por la Organización de las Naciones Unidas de las víctimas y los escenarios en los que sus derechos humanos resultaron vulnerados. Así como cuando instó a los países miembros a crear y ejecutar políticas públicas para el tratamiento a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.
“Tenemos 37 años de atraso”, refirió la profesora María Josefina Ferrer, victimóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, en su intervención este miércoles para dar a conocer los resultados de la investigación en la que participó con la Asociación Civil Paz Activa.
La investigación tomó como referencia procesos registrados en países como Colombia y Perú, con el conflicto interno armado y el desplazamiento de personas, mientras que con México en cuanto al terrorismo. Y que son los únicos países de la región que dieron el paso para la creación de registros únicos de víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque en contextos de conflictividad política y otros escenarios.
Documentación de procesos
“Tras la revisión documental y entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales de esos países, notamos que todas centraron su atención en las áreas de conflictividad política y también de vulneración sistemática de los derechos humanos. Fue por ello que tomaron la decisión de organizarse para crear el registro único y con ello se logró documentar tales procesos en un lapso de trece años”, indicó Ferrer.
Y añadió: “En Venezuela han transcurrido al menos 16 años y aún no tenemos un registro de víctimas. O al menos casos documentados de que existan personas a quienes se les han vulnerado sus derechos en cualquier contexto”.
Sobre la necesidad de un consenso para la creación de un registro de víctimas de violación de los derechos humanos, Ferrer afirmó que solo así “se recogerán los datos a través de declaraciones de sus protagonistas: dónde ocurrió el hecho y establecer políticas que permitan hacer justicia, reparar a la víctima y preservar la memoria histórica; este es el propósito”.
Condiciones de la investigación
En cuanto a las condiciones, la investigadora indicó que sus objetivos deben estar plenamente definidos, con fuentes de información comprobables. Además, que las organizaciones civiles trabajen en la promoción que establece la justicia transicional.
Ferrer advirtió que aunque en Venezuela se estén dando los pasos para la atención a las víctimas y registros de violencia por parte de organizaciones civiles, “el Estado no ha fijado posiciones ni ha tomado en consideración a las víctimas; por el contrario, las está excluyendo».
«Le falta mucho al Estado, pues debe crear nuevas instituciones destinadas a la atención integral y fijar su atención en la víctima como principal objetivo”, agregó.