El instructivo de la Onapre aprobado en marzo viola al menos seis disposiciones constitucionales, entre ellas el derecho al trabajo, el principio de la progresividad de los derechos humanos, la libertad sindical y la suficiencia del salario, explicó la ONG Acceso a la Justicia.
Según indicó la organización, el recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución, donde, en el numeral 1 del artículo 89, se establece que “ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”.
La naturaleza del acto, continúa la ONG, es de dudosa legalidad, pues la resolución fue dictada por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo.
“La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos”, subrayó Acceso a la Justicia.
En su texto, la organización considera que la manera en que se aprobó la resolución, sin ninguna mediación, ratifica la inexistencia de un diálogo social en el país. “Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos”, expresó.
“Hasta ahora esto solo ha ocurrido en una sola ocasión, en abril pasado y a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene abogando por recuperar el llamado diálogo tripartito”, añadió.
Recordó Acceso a la Justicia que en la práctica el instructivo reescribió todas las convenciones colectivas, por lo que se desmejoraron de manera significativa los ingresos de los funcionarios públicos. “Esto último no es poca cosa, pues el Estado es el principal empleador en Venezuela: 5.509.563 personas trabajan en algún organismo público, casi 4 millones de ellas en el sector militar”.
La ONG insistió en que la resolución es otra prueba de que la Constitución es “letra muerta” en el país, pues, pese a que prohíbe cualquier desmejora en derechos laborales, “estos son cercenados por las autoridades sin que el Poder Judicial tome cartas en el asunto”.
Por tanto, afirmó que la única manera de evitar que el malestar social siga creciendo es que el Ejecutivo revoque el cuestionado instructivo de la Onapre.