El Instituto Casla registró graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela y calificó las presidenciales del 28 de julio como las peores que ha monitoreado.
Aunque no pudieron observar directamente el proceso en el terreno, lograron supervisarlo diariamente a través de numerosos colaboradores que actuaron como veedores y reportaron en tiempo real sobre los días previos, el día de la elección y los días posteriores.
Un informe de Casla detalla numerosas irregularidades que incluyen desventajas absolutas, persecución sistemática y encarcelamiento de miembros del comando ConVzla, especialmente de colaboradores y coordinadores del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.
Los organismos de seguridad persiguieron constantemente a líderes y miembros de partidos políticos, acosando e intimidando a sus familias y emitiendo amenazas desde altos cargos del gobierno.
Se reportaron pintas amenazantes en sedes de partidos y residencias, además de mensajes de incitación al odio por parte de Nicolás Maduro, quien advirtió sobre una posible «guerra civil» en caso de perder las elecciones.
Instituto Casla: los militares violaron la Constitución
El instituto registró que oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también violaron la Constitución al instar a votar por Maduro para continuar con la «revolución chavista», y mencionó la necesidad de una unión cívico-militar y la defensa del gobierno con armas.
A pesar de estos obstáculos, señala el informe, la oposición demostró un coraje y valentía históricos, luchando contra un régimen tiránico y logrando una victoria contundente en las elecciones.
El viernes 26 de julio, día de la instalación de las mesas electorales, se registraron 23 incidentes represivos en solo tres días, incluyendo ocho detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y la presencia de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en las residencias de miembros de la oposición.
Varios líderes y coordinadores de partidos tuvieron que dormir fuera de sus hogares para evitar ser detenidos o secuestrados.
Casla recibió diversas denuncias a través de su página de denuncias abierta para la ocasión.
El 26 de julio, día de la instalación de las mesas en los centros de votación, se reportaron al menos 15 incidentes en los que algunos centros abrieron antes de la hora establecida, con casos como la Escuela Macín Durán en Vargas y el Colegio Jardín de Infancia Adrián Rengel de Sequera en Monagas, que abrieron a las 3:00 am.
También se impidió el acceso a miembros de mesa y testigos en 59 centros de votación en todo el país.
El 28 de julio, día de la votación, se registraron 29 incidencias sobre retrasos en la apertura de las mesas, algunas de las cuales permanecieron cerradas durante gran parte de la jornada electoral.
Amenazas, hostigamiento y violencia en Venezuela
Otros centros reportaron graves violaciones a la ley electoral, como el irregular escaneo de cédulas de identidad por parte del Plan República y la transmisión telefónica de la cédula de identidad de los electores, realizada en muchos casos por miembros del partido oficialista.
Las denuncias también incluyeron el voto asistido forzado en lugares como la Universidad Experimental de la Seguridad en Caracas, donde se obligó a los estudiantes a votar por Maduro bajo la amenaza de no recibir su título universitario.
Se reportaron detenciones de estudiantes por protestar, además de suplantación de identidad, manipulación de máquinas electorales y uso de testigos accidentales.
Entre el 28 y el 30 de julio, Casla recibió 22 denuncias de amenazas, hostigamiento y violencia contra los electores, incluyendo situaciones en las que presuntos colectivos armados y grupos subversivos impidieron el acceso a los centros de votación y agredieron a los votantes.
Se reportaron también detenciones arbitrarias, intentos de secuestro, allanamientos y desapariciones de personas que participaron en las manifestaciones.
El informe de Casla concluye con un registro detallado de la represión electoral, que incluye detenciones arbitrarias, golpizas y uso desproporcionado de armas de fuego por parte de organismos de seguridad y colectivos armados.
Todo esto, afirmó, ejecutado con total impunidad.