El Instituto Casla pidió este miércoles a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra cuatro funcionarios de alto rango de cuerpos de inteligencia y policiales venezolanos.
Los señalados pertenecen a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La solicitud se ampara en el Artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenar arrestos si hay pruebas suficientes de que se ha cometido un crimen bajo su jurisdicción.
El Instituto Casla argumenta que estas personas han cometido crímenes graves y que su arresto es necesario para impedir que sigan cometiendo crímenes o crímenes conexos.
Afirma tener múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que acusan a estos funcionarios de represión y persecución sistemática.
«El Instituto Casla lleva sendos expedientes con múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que han acusado y señalado a estas personas directamente, como parte de la represión y persecución sistemática que el Estado venezolano ejecuta contra la población civil y militar», expresa.
Entre las acusaciones se incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política. Según el Instituto, estos crímenes continúan cometiéndose.
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