La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Extinción de Dominio supuestamente destinada a profundizar la lucha contra la corrupción, pero en manos de un Estado con una descomposición endémica e instituciones politizadas, lo que hace muy probable que su aplicación no resulte efectiva, señaló InSight Crime en un trabajo de su unidad de investigación.
La Ley de Extinción de Dominio aprobada por el parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, y promulgada por el presidente Nicolás Maduro el 28 de abril, consta de 48 artículos que facultan al Ministerio Público para solicitar ante un juez el decomiso definitivo de bienes presuntamente ligados a la corrupción o a otros delitos, sin necesidad de una sentencia penal, según expresó el diputado Diosdado Cabello en la presentación del texto en el parlamento.
Cerca de 10.000 bienes ligados a la corrupción y otras actividades ilícitas ya estarían registrados y podrían ser objeto de esta ley, según afirmó.
Tras la promulgación, el presidente Nicolás Maduro señaló que esta ley «viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política, nacional y en el escenario del Estado».
Ley de Extinción de Dominio
La inclusión legislativa de la figura de la extinción de dominio se produce en medio de una operación anticorrupción que hasta finales de abril había dejado 61 detenidos entre exfuncionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como directores de alcaldías, jueces y empresarios.
La ley incorpora elementos contenidos en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Además, la acción de extinción de dominio no perdería vigencia en el tiempo y sería aplicable también a testaferros.
Leyes de extinción de dominio similares en Latinoamérica han tenido dificultades para su efectiva aplicación, pero el panorama podría ser aún más espinoso en Venezuela a causa de la alta polarización política, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción generalizada en las instituciones del sistema de justicia y otras circunstancias particulares del país.
A continuación, InSight Crime enumera cuatro razones por las cuales la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría resultar un fracaso en su aplicación:
Politización y corrupción en las instituciones encargadas
La Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría ser un instrumento más para la persecución contra miembros de la oposición y rivales internos dentro del oficialismo.
El Ministerio Público, la institución encargada de adelantar la investigación y solicitar la confiscación de bienes en el marco de la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela, está liderada por Tarek William Saab. Previo a su nombramiento como fiscal general, Saab fue un destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido gobernante por el cual fue electo diputado de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Anzoátegui, lo que genera serias dudas sobre su imparcialidad.
Los jueces encargados de la aplicación de esta ley forman parte de un Poder Judicial que ha demostrado ser obsecuente y parcializado al gobierno de Nicolás Maduro. En 2022, Venezuela ocupó el último lugar del índice de Estado de Derecho de la organización internacional World Justice Project, que analizó 140 países del mundo.
Peligro de malos manejos sobre los bienes incautados
Existe un riesgo importante de que los bienes decomisados sean objeto de corrupción o de malos manejos por parte de policías y de las autoridades encargadas de administrarlos.
En el pasado, bienes incautados a narcotraficantes por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), como casas, aeronaves y yates, han sido usados a discreción por funcionarios militares y civiles, como reflejó una investigación hecha por el medio El Nacional. Algunas viviendas incautadas a narcotraficantes inclusive fueron usadas como casas de tortura por órganos de represión del gobierno, según denunció un oficial que desertó de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estos casos podrían repetirse con los bienes que sean decomisados al implementarse la nueva ley.
Bienes de la corrupción en el exterior
La Ley de Extinción de Dominio solo tendría aplicación en el territorio nacional, pero muchos de los bienes y del dinero producto de la corrupción en Venezuela se encuentran en el extranjero. Según Transparencia Venezuela, hasta 2021 se abrieron 108 procesos por delitos de corrupción perpetrados por venezolanos en distintos países, que involucran lavado de dinero, pago de sobornos y desfalco al Estado venezolano. De estos, 48 fueron abiertos en Estados Unidos, a partir de los cuales podrían recuperarse cerca de US$1.500 millones. Pero en estos juicios no tendría vigencia la ley aprobada en Venezuela.
Tres casos emblemáticos de corrupción presentados por las autoridades estadounidenses contra venezolanos ponen de relieve los límites de la ley para recuperar fondos.
Alejandro Andrade, extesorero de la nación, se declaró culpable de recibir sobornos en 2018. Ahora cumple una condena de 10 años de prisión en Estados Unidos.
Raúl Gorrín, empresario vinculado al gobierno venezolano, fue acusado en 2017 de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos. Está incluido en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Y la operación Money Flight, una investigación sobre lavado de dinero en Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), que condujo a la declaración de culpabilidad del exasesor general de la petrolera, Álvaro Ledo Nass, que admitió haber recibido 11,5 millones de dólares en sobornos, entre otros delitos.
Transparencia Venezuela ha calculado que solo en estos tres expedientes pudieran estar involucrados bienes por un monto superior a los 277 millones de dólares.
Burocracia inoperante
Las leyes de extinción de dominio en Latinoamérica siempre han chocado con la burocracia estatal, lo cual podría producir un mayor impacto en un país como Venezuela, donde los funcionarios ganan salarios muy por debajo del promedio de la región, y la politización extrema del aparato del Estado lo hace particularmente inoperante y sin capacidad para implementar la ley.
En los primeros seis años de aplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en México, por ejemplo, solo fueron presentadas 64 acciones de decomiso de bienes relacionados con el crimen organizado, un promedio de casi solo 10 por cada año, según informó Excelsior.
La posibilidad de que en Venezuela se aplique con éxito la Ley de Extinción de Dominio, en un ámbito en el que otros países de Latinoamérica han fracasado, luce muy limitada. Algunos voceros del gobierno de Nicolás Maduro se esfuerzan en vender este instrumento legal como la panacea contra la corrupción, pero esto podría terminar en solo retórica.
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