Funcionarios de organismos de seguridad del Estado se han convertido en un elemento clave para las redes de trata de personas en Venezuela debido a su complicidad para el traslado de las víctimas, de acuerdo con un reciente análisis publicado por InSight Crime.
Valiéndose de sus credenciales oficiales, los funcionarios que han participado en este delito trasladan a las víctimas desde estados centrales hasta la frontera del país, desde donde son enviadas a otras naciones. En el trayecto, otros oficiales también se hacen de la vista gorda o permiten el paso de estas personas por los puestos de control internos y fronterizos a cambio de dinero.
«Las tentativas rentas que ofrecen economías criminales brindan una oportunidad a funcionarios desesperados por obtener mejores ingresos. Sus salarios, que se pagan en bolívares, una moneda devaluada y asfixiada por la crisis económica, no pueden competir con los pagos en dólares que pueden recibir por parte de los grupos criminales», señala InSight Crime.
El análisis menciona el caso de un exjuez que fue detenido en el estado Nueva Esparta por liderar una red de explotación sexual. Su estrategia era mostrar su carné en los puntos de vigilancia y le dejaban seguir, pese a que estaba acompañado de adolescentes.
Beatriz Mora, presidenta del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), también relató a InSight Crime cómo una adolescente rescatada de una red de trata logró viajar desde Caracas a San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, aunque no tenía documentación.
Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue detenido el 1 de agosto tras confirmarse su participación en el traslado de tres adolescentes y una mujer, desde el estado Miranda al estado fronterizo de Táchira, para luego ser llevadas a Perú donde serían explotadas sexualmente por una red de prostitución, informó la Fiscalía.
En diciembre de 2022, otro miembro de la Guardia Nacional con el rango de teniente fue detenido y judicializado por el delito de trata de personas en el estado Yaracuy por presuntamente captar a tres adolescentes.
Además de Táchira, la cercanía de los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro a islas del Caribe como Trinidad y Tobago, identificado como un destino de explotación sexual, ha posicionado a estas zonas costeras como puentes estratégicos para el tráfico de personas con ese fin, lo que ha sido aprovechado por algunos funcionarios corruptos para generar ingresos extra.
Transparencia Venezuela señala que los altos niveles de impunidad en el país influyen en que sea un terreno fértil para las redes de trata, y esto se refleja en los pocos funcionarios detenidos por este delito.
Mulier Venezuela, una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, contabilizó en su informe de 2022 que 1.390 mujeres y niñas venezolanas rescatadas de esta actividad ilícita, comparado con 415 en 2021.
La participación de funcionarios policiales y militares en las redes de trata de personas no se limita a Venezuela. En Colombia y otras naciones, los organismos de seguridad también se han visto vinculados a este delito.