La organización Kapé Kapé publicó su informe 2020, «Minería ilegal en comunidades indígenas», revelando que aunque parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, fuentes como Transparencia Venezuela, señalan que por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al BCV, sale del país por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga, que se va hacia Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Surinam, Arabia Saudita, Turquía, entre otros.
El informe de 52 páginas fue producido por el equipo de investigación que conformó Henry Gómez, Higinio Montiel, Ítalo Pizarro, José Naveda, Melquiades Ávila y Simeón Rojas con asesoramiento de Carmen Teresa Peña, Faustino Rodríguez e Isabelina Rodríguez. Contaron con la colaboración de las comunidades indígenas.
El auge del oro azul
Revelan que «en el caso del Coltán denominado Oro Azul, mineral de alto valor comercial y gran demanda en la industria tecnológica por su propiedades, y cuyas minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar, la Organización SOS del Orinoco ha denunciado recientemente el avance que está teniendo su explotación y su consecuente contrabando, el cual finaliza en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y Mercados del Medio Oriente».
Considera Kapé Kapé que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal, lo cual «solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno».
Plan Minero Tricolor, consiste en la militarización de territorios indígenas en donde existe oro y diamantes
Zonas militarizadas
Dice el informe que «la venta de los lingotes de oro se vendía con una importante prima de diferencia respecto al precio del oro a nivel internacional. Asimismo, el país ha liquidado parte de sus reservas en oro para hacer frente al pago de préstamos y operaciones con bancos internacionales, y finalmente parece una burla en medio de la crisis existente, la pretensión del Estado de estimular el ahorro de los ciudadanos con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades elementales».
En cuanto al llamado Plan Minero Tricolor, «que implicaba la entrega de un yacimiento o mina a cada gobierno regional, así como la militarización de territorios indígenas en donde existiese oro y diamantes, este plan demostró la clara intención del gobierno de extender e intensificar, a través de la vía militar, sus acciones en la explotación minera del país, obviando además los derechos de los indígenas sobre sus territorios».
La vida en el área que abarca el Arco Minero «versa en función del oro, allí la moneda nacional, el Bolívar, no existe, ni siquiera es una referencia comercial».
Los mineros, del oro extraído, pagan a los molinos para su procesamiento, también a los grupos armados que controlan el territorio entre 30 y 50%, y a otros grupos. Hay mineros que pagan hasta 80% a los llamados sindicatos. «Pero no solo los mineros deben pagar a estos grupos, también los residentes que trabajan en otros negocios como expendio de alimentos, restaurantes, alquileres de locales, entre otros deben pagar una cuota fija de oro semanal para poder trabajar».
Foto: Bram Ebus
Explotados y hostigados
Es decir, todos pagan una vacuna o extorsión. El incumplimiento tiene consecuencias atroces en las comunidades indígenas. «Es natural que, en este tipo de contexto delictivo, donde se desarrolla la actividad minera emerjan todo tipo de abusos y violaciones, como la trata de personas y la violencia de género, violencia sexual, explotación infantil, persecuciones, desapariciones y masacres».
Si ya es difícil la situación que viven en la zona, peor es para las niñas y adolescentes «utilizadas como mercancía de compra y venta con oro, tanto para el trabajo como para intercambios sexuales. Su valor oscila entre los 5 y 10 gramos de oro, siendo el costo mayor a menor edad de la mujer».
Si se resiste entonces es víctima «de hostigamiento, secuestros y torturas», incluso resultando heridas o asesinadas en muchos de los enfrentamientos entre los grupos armados por el control de la minería. «Uno de los casos que causó conmoción en el año 2019, fue el asesinato de una mujer embarazada y una niña de 6 años por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, también en el hecho resulto herido un hombre; estas tres víctimas pertenecían a la etnia Warao, localizada en la comunidad de Mariusa en la parroquia Juan Millán, del municipio Tucupita en Delta Amacuro».
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